Para quienes observamos lo ocurrido en estos dos años, tratamos de ser objetivos en los análisis, y después de oír múltiples opiniones de diversos sectores, concluimos que existen dos discursos: el oficial que se dirige a funcionarios, prensa y público en general, y el discurso populista que se dirige a las bases fanáticas que se reúnen en la plaza pública, con retóricas altisonantes que reclaman triunfos y promesas que no se han cumplido, y que de cumplirse, arrastrarían a nuestra nación a un precipicio sin fondo que lo llevaría a una crisis más grave de insolvencia social que hará insostenible un gobierno realista, solo rescatable por la fuerza del garrote, como sucede en Venezuela.
En esta oportunidad queremos tocar el delicado tema de las pensiones, que el gobierno desea solucionar por medio de un plan de dudosa legalidad, consistente en adueñarse de las pensiones y utilizar ese dinero para cubrir los desfases y despilfarros del presupuesto, con la promesa de que gobiernos futuros, pagarán las pensiones de quienes en esa época, estuvieren en retiro.
Dentro del tema, tenemos ya en la actualidad un ejemplo vivo de la falsedad de la propuesta, con el ejemplo vivo de las pensiones militares que ya mismo, es decir, en el presente, tienen enormes dificultades en su cumplimiento, ya que no ha sido una, sino en varias ocasiones que el pago de tan sagrado derecho, se retrasa con la obligada incomodidad de los beneficiarios de su ahorro para la vejez.
En el caso de las pensiones de los hombres de uniforme, se dispuso que se creara un instituto especial que administrara esos fondos, y se creó el IPSFA como una garantía de que de esa forma no se distorsionaría la finalidad de ese dinero. Sin embargo, es de todos conocido que las pensiones militares, sufren atraso –por demás injustificable- que mantiene en zozobra a los beneficiarios.
También se ha hecho del conocimiento del público, que las reservas de dicha institución, invertidas en inmuebles, han sido contaminadas por la venta de dichas garantías a particulares vinculados con el gobierno, que ha producido pequeñas fortunas a quienes más obligados estaban a proteger tales recursos, con el natural detrimento de los beneficiarios de dichas pensiones.
Lo anterior es sumamente delicado, porque quienes se sienten defraudados, y especialmente quienes en el futuro no ven asegurada su subsistencia a la hora de su retiro, son quienes tienen el poder de las armas y, a la larga, tienen el poder de la fuerza que gobierna en todos y cualquier país.(¿A quién obedecen los cañones?)
El partido gobernante debería apartar el fanatismo ideológico y visualizar los escenarios socio políticos que se pueden producir por el incumplimiento de tan importante prestación, a ese sector de servidores del Estado, para no exponerse a una regresión al pasado, que para bien o para mal de las mayorías, una vez se implementó por más de 50 años.
Los salvadoreños merecen garantizar una vejez digna y sin contratiempos ni angustias, producto de despilfarros inmorales e injustificados. A la fecha, ya se oyen voces de instituciones serias, nacionales e internacionales, que censuran la conducción de las finanzas estatales, y desaprueban las medidas de prevención y garantía del bienestar de los pensionados que, por demás está decir, pudieran haber perdido la energía y vitalidad para reclamar sus derechos.
La experiencia está demostrando que la administración privada para manejar dineros ajenos (AFPs, Bancos, Aseguradoras y otras instituciones) supera con creces la administración pública, donde los administradores no son dueños de su inversión. El retraso en el pago de las pensiones de militares o civiles es un crimen, porque se cometen contra personas con sus facultades y cualidades disminuidas, y por lo tanto se han vuelto vulnerables.