Evidentemente El Salvador está atravesando una de las crisis más graves en materia democrática, dado que no hay respeto a la institucionalidad ni a las resoluciones que emanan del máximo tribunal de justicia, lo que implica una desobediencia generalizada de los funcionarios que ahora detentan el poder y una afrenta directa a la Constitución.

La rebeldía hacia la norma suprema y al resto de leyes, no debe ser el camino para protestar en contra de ciertos políticos que han estado enquistadas en el poder, ya que es un precedente nefasto hacia las nuevas generaciones.

Por el contrario el respeto irrestricto a la Constitución y a las autoridades legítimamente constituidas por el voto popular, tiene que ser el actuar de todo funcionario independientemente si está de acuerdo o no con su adversario político, ya que disentir o asentir es parte de la pluralidad de ideas sobre la cual descansa la democracia, pero descalificar al resto de salvadoreños con; calumnias, amenazas y persecución por no estar de acuerdo con los que ahora detentan el poder, es una acción propio de los estados dictatoriales y basta es la historia de los crímenes y encarcelamientos injustos que ha existido de opositores en países de corte totalitario ya sea de izquierda o derecha.

En consecuencia, dirigir a El Salvador hacia un baño de sangre, basados en el discurso del odio, el resentimiento social y el antagonismo de clases, no debe ser jamás el camino para dirimir las diferencias existentes, dado que con ese accionar no se contribuye a coser los tejidos sociales que se han debilitado producto de la corrupción, la brecha de la desigualdad y de las injusticias sociales.

Por lo tanto, defender el fortalecimiento de las instituciones del Estado, la separación de poderes, el sistema de gobierno y la redención de cuentas, no es estar en contra de la gestión del Presidente Bukele, al contrario es una acción patriótica para evitar los abusos poder y saqueos que hicieron en el pasado ciertos funcionarios de los partidos ARENA y el FMlN.

Qué dicho sea de paso ya han comenzado a surgir una gran cantidad de abusos de autoridad de ciertos ministros, viceministros, directores y otros funcionarios del presidente Bukele, que han sido señalados por actos arbitrarios, conductas antiéticas y acciones corruptas que ya están siendo investigadas por el TEG, la Corte de Cuentas y la Fiscalía. De modo qué todas estas acciones en las que incluso se ha alterado el orden constitucional, en la que el Ejecutivo ha querido someter a la Asamblea Legislativa no se puede continuar permitiendo.

Al poder no se le debe rendir pleitesía, ni vender los principios por un salario gubernamental, ni mucho menos claudicar por una fuente de ingreso producto de contratos estatales, al poder se le audita, se le investiga, se le cuestiona por las acciones corruptas, se le deja en evidencia sobre el nepotismo, al poder se le pide cuantas de como gasta cada centavo del dinero público, la transparencia no se mendiga se exige, al poder no se le deja solo, se debe escrutar todo lo que hace hasta encontrar las grietas de la corrupción y del dreno de los recursos públicos, dado que la complacencia y la falta de perspicacia provoco que ARENA y el FMLN, saquearan el erario público.

En suma la contraloría no debe subyugarse ante el poder, por ello pienso que ahora es el momento de exigirle al gobierno del Presidente Bukele, que rinda cuentas de como gastó 15 millones de dólares diarios en 104 días que duró la cuarentena y el estado de emergencia, después será muy tarde, ya que poco o nada se recupera de lo que se llevan los malos políticos que ven al Estado como una forma de cambiar su vida, dado que una buena parte de ellos no tienen la capacidad de defenderse en la empresa privada.