Con certeza, las causas para que la elección del PGR no haya merecido una mayor atención mediática son múltiples, entre ellas: las expectativas ciudadanas ante la elección de nuevos magistrados de la SCn/CSJ, considerando que a mediados de 2018 terminaron funciones magistrados que produjeron una novedosa jurisprudencia constitucional (lo que no significa que aceptación acrítica); el injustificable retraso –por más de cuatro meses- en la elección de los magistrados; y la trascendencia de las funciones del FGR, sobre todo en ámbito penal, en el contexto de una ciudadanía que reclama profundización en la lucha contra la corrupción y, además, en un país con un impresionante estado de inseguridad ciudadana. Es comprensible, entonces, que las organizaciones sociales, los tanques de pensamiento, los formadores de opinión, los medios de comunicación y la ciudadanía en general prestaran mucha atención a los procesos de dichos funcionarios públicos.
Ahora bien, con relación al proceso de elección del PGR, en tanto no ha provocado una atención ciudadana y mediática, algunos diputados han expresado queja o reclamo contra organizaciones de la sociedad civil y, en general, contra la ciudadanía, aseverando que apenas asisten pocas personas a las entrevistas públicas que lleva a cabo la subcomisión legislativa nombrada a tal efecto por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.
Esa queja parlamentaria motiva una reflexión desde el derecho constitucional y para éste: el escaso interés ciudadano y mediático sobre el proceso de elección del PGR responde, en mucho, a la confluencia de dos circunstancias, como es la ausencia de voluntad constitucional por parte de los diputados, lo que ha conducido a reforzar el descrédito y la desconfianza en la Asamblea Legislativa.
Hace ya muchos años, el constitucionalista alemán Konrad Hesse acuñó la expresión voluntad de Constitución, en el sentido que para la realización y concreción, en la vida real, de los postulados constitucionales, no basta su consignación en un texto, sino que es necesario que la conducta de los destinatarios –públicos y privados- se adecue a los valores, principios y reglas constitucionales. En otras palabras, debe existir, sobre todo en las personas con responsabilidades políticas, la voluntad, el ánimo que la Constitución se cumpla, que se haga realidad.
Teniendo en cuenta tal idea, la percepción generalizada es que los diputados carecen de voluntad constitucional, pues, al menos en lo relativo a las elecciones indirectas o de segundo grado, las acciones y omisiones de los parlamentarios más bien muestran que no desean estar regidos ni por la Constitución ni por las concreciones que de ella hace la jurisprudencia constitucional: las entrevistas públicas a los candidatos para elecciones de segundo grado han sido, son, en esencia, una puesta en escena, solo para intentar acallar las quejas ciudadanas, pero ni se realizan bien, ni inciden realmente en la toma de decisión.
Por ello, si la ciudadanía ya tiene la percepción –no infundada- que las entrevistas públicas a los candidatos a la PGR en realidad no servirán para nada, pues la elección se hará a puerta cerrada, sin debate público, sin motivación, pues deviene razonable que ni organizaciones sociales ni ciudadanos generales tengan ánimo por acudir a ver y escuchar las entrevistas.
A tal percepción se añade que la Asamblea Legislativa, a pesar de los discursos y compromisos públicos, se niega a establecer un procedimiento apropiado, moderno, ajustado a los estándares internacionales, para las elecciones de segundo grado, ya sea reformando el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, ya sea emitiendo una ley especial.
Así que, con respeto pero con franqueza, si los diputados que se quejan de la ausencia de público en el auditorio en el cual se efectúan las entrevistas buscan un culpable, es muy fácil encontrarlo: mírense al espejo.