No en vano, durante el quinquenio 2010-2015, El Salvador ocupó uno de los primeros lugares en feminicidios a nivel mundial (con una tasa de 13.5 por cada cien mil personas), sólo superado por Lesotho, uno de los países más pobres del mundo, y Siria. Asimismo, a nivel latinoamericano, El Salvador se ubicó en la primera posición, seguido muy de cerca por Honduras (con una tasa de 13.4) y Guatemala (con una tasa de 8.2). Por otro lado, en términos absolutos, a nivel centroamericano los países del Triángulo Norte han predominado sobre el resto de países del Istmo, siendo Guatemala el país con más feminicidios, registrando 639 casos, seguido por Honduras, con 524 casos, y en tercera posición El Salvador, con 434 casos.
Con estos datos, ¿quién es capaz de sonreír? Si bien en nuestros países la violencia, en su sentido amplio, afecta a toda la población indistintamente del sexo de las personas; no puede negarse que el género marca diferencias, tanto en las causas de la violencia, como en el tipo de violencia y las consecuencias de la misma.
En este sentido, las mujeres y niñas tienen mayores probabilidades que los hombres de sufrir violencia y lesiones provocadas por personas cercanas (esposos, compañeros, amigos, entre otros); y, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, mayor probabilidad de sufrir violencia sexual en general, padeciendo a su vez consecuencias muy diferentes, en materia de salud reproductiva, que las consecuencias que podrían padecer los hombres por los mismos hechos.
Considerando las dimensiones del problema, la violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones debe ser reconocida y abordada como asunto público y específicamente, como un problema de salud pública y de violación de los derechos humanos. Un reconocimiento como tal, implica la responsabilidad pública para erradicarlo, prevenirlo, sancionarlo y atender a las víctimas. En términos más concretos, requiere el involucramiento del Estado (por medio de políticas públicas, leyes y presupuestos públicos) y de la sociedad.
Lo anterior obedece al hecho que, este fenómeno, agrava la carga de mala salud mental y física entre las mujeres comprendiendo: lesiones, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, mortalidad materna, depresión, suicidio, y feminicidio, entre otros padecimientos; y perjudica enormemente la productividad económica de las mismas.
En consecuencia se vulneran distintos derechos, pudiendo ser mucho más grave cuando se trata de mujeres pertenecientes a grupos minoritarios o en condiciones de especial vulnerabilidad como son las mujeres indígenas, las mujeres refugiadas, las mujeres migrantes, las niñas y las adultas mayores.
En definitiva, en el Triángulo Norte donde nos encontramos muy muy lejanos de la paz social y la justicia de género, la violencia contra las mujeres no se trata de un cuento con final feliz, no es una situación aislada que ocurriera alguna vez, en el pasado. Se trata de un problema que genera víctimas cada día, cuyo final puede ser la muerte.
No obstante, las evidencias demuestran la urgencia de una implicación por parte de los Estados; ya que su indiferencia, lentitud o neutralidad puede propiciar la muerte de miles de niñas y mujeres. En definitiva, no queremos Estados feminicidas (por acción activa o pasiva); necesitamos Estados que legislen, sancionen y atiendan oportunamente; para ello además, es imperativo un Estado secular cuyas políticas públicas y presupuestos garanticen derechos al margen de interpretaciones dogmáticas y misóginas.