El importe anual que reciben las Alcaldías del fondo en la actualidad es igual al 8% de los ingresos corrientes netos del presupuesto del Estado, y para efectos financieros se tienen que consignar en el Presupuesto General de la Nación y de forma mensual de acuerdo a los siguientes criterios: población 50%, equidad 25%, pobreza 20% y por extensión territorial 5%; encargando el manejo del Fondo Municipal al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, quien es el garante que se haga buen uso de esos recursos. Ahora bien, en la práctica ciertas alcaldías han hecho mal uso del FODES.
Al grado de desnaturalizar el objeto de creación del fondo, dado que lo están utilizando para el pago de planillas y gastos administrativos superfluos, lo cual en definitiva detiene las obras reales en los diferentes municipios pobres de El Salvador, pero más allá del mal uso, que en su momento deberán comparecer ciertos alcaldes a la Corte de Cuentas, está la obligación del Ministerio de Hacienda de entregar los fondos a las diferentes alcaldías, retener sin causa justificada estos recursos, no solo es un delito por parte del Ministro de Hacienda, sino que se vuelve un instrumento electoral.
De modo que el presidente Bukele y el Ministro de Hacienda, no pueden justificar su negativa basados en que la pandemia provoco una reducción de los ingresos, lo cual es cierto, sin embargo, el FODES, no es un contrato a la gruesa ventura, que su entrega esté condicionada a la suerte de las finanzas públicas, sino que su existencia es ley de la República que se establece en el Presupuesto General de la Nación, por lo tanto, el 8% anual se debe entregar a prorrata de manera mensual de conformidad a los ingresos que haya tenido el Ministerio de Hacienda.
Dicho en otras palabras, no importa si en concepto de ingresos el Ministerio de Hacienda, obtuvo 10 millones o 600 millones de dólares, de conformidad a la ley el 8% a prorrata le correspondía a las alcaldías, lo mismo ocurre con el pago de salarios de los empleados de los órganos Judicial y Legislativo, el presidente Bukele, no tiene la facultad para decidir a discreción a quien y como le paga, dado que por Constitución los tres poderes tienen el mismo peso jurídico cada quien según su facultad, en ese sentido el presidente y el Ministro de Hacienda al retener el FODES y salarios, han cometido presuntamente ciertos delitos.
Entre ellos; incumplimiento de deberes, desacato a la ley del presupuesto, y malversación de fondos, ya que nunca debieron de haber tomado los fondos públicos que por decreto le correspondía al FODES y el salario sagrado de los empleados públicos del resto de órganos de Estado, ya que estas son prohibiciones expresas en la Ley AFI, por ejemplo el articulo 4 Literal “c” y “f” definen que es responsabilidad del Ministro de Hacienda, “asegurar el equilibrio de las finanzas públicas y “promover y dar seguimiento al uso racional y eficiente de los recursos del Estado”
No obstante, a ello la administración Bukele, no solo ha desequilibrado las finanzas públicas al gastar el dinero del pueblo de forma irracional y por los múltiples casos de corrupción que pesan sobre su espalda, sino que además conciben en su mente, que el derecho al salario únicamente le corresponde a sus ministros, viceministros y directores en detrimento del resto de empleados públicos, que dicho sea de paso los salarios que perciben los ministros, directos y asesores del presidente Bukele, rondan los $5,000 mensuales lo cual es obscenamente vergonzoso debido a las múltiples necesidades que viven nuestros compatriotas.