A partir de los acuerdos políticos de 1992, El Salvador reencontró su sendero histórico institucional elevándolos a un rango constitucional, una disciplina cívica que, hasta ahora, ha sido respetada por la mayoría de las fuerzas vivas de la nación.

¿Cuáles son estas fuerzas? En primera línea, el capital productivo que, dentro de este nuevo orden democrático, dinamiza el desarrollo económico, el que genera empleos y da oportunidades de crecimiento en la escala social, despeja la vía para que los grandes contingentes de población, puedan pasar de la pobreza a niveles cada vez más altos de la Sociedad; fuerza que incluye a los pequeños, medianos y grandes empresarios y, por extensión, a los salvadoreños en general que conforman la derecha democrática.

Otras instancias estamentales del conglomerado social son los grupos intelectuales, los académicos, los líderes de opinión, los partidos políticos, los grupos de presión y, el más importante de todos, el ciudadano que vota por sus gobernantes, todos ellos amparados por ese marco leyes que garantiza la convivencia pacífica, el quehacer productivo y el respeto a las libertades fundamentales del ciudadano: la Constitución de la República.

¿En qué momento histórico nos encontramos? De pronto las circunstancias políticas han dado un giro poco prometedor: el nuevo Órgano Ejecutivo echa a un lado la Constitución y se proyecta como un gobierno autoritario, unipersonal, irrespetuoso, contrario al pluralismo político y a los mecanismos de pesos y contrapesos de la institucionalidad.

Se le señala por su estilo de ejercer el poder sin que exista un consenso político, un proyecto de nación, un rumbo definido que implique el cumplimiento de objetivos estratégicos mediatos e inmediatos, todo ello sumado a la amenazante promesa de “reformar el funcionamiento del Estado”.

En el fragor de la crisis que vive el país, la ciudadanía pensante, los que hacen colas de distanciamiento corporal, los que no tienen transporte para ir a su trabajo; los que no pueden transitar libremente en sus ciudades, los que ven cómo se violentan a diario sus derechos fundamentales, entre otros muchos, demandan soluciones y se preguntan: ¿Qué hacer? La respuesta aún no se perfila en su horizonte porque, en este momento, no existe un liderazgo claro, específico y, sobre todo, respetable.

La falta de ese liderazgo genera un vacío de poder que deja sin protección a la Sociedad, frente a una fuerza real de abuso, nepotismo y corrupción. Mientras tanto esa fuerza que ahora gobierna, aprovecha los espacios para montar una gigantesca red propagandística en la que privan los discursos incendiarios contra quienes critican sus improvisaciones, desaciertos y discursos que inducen al miedo y a la sumisión de la población. Ninguna fuerza de raigambre popular se opone, de manera sistemática, a estas maniobras que permiten el crecimiento del poder desestabilizante del orden constitucional.

La falta de unidad del sector privado que tiene la responsabilidad histórica de aportar el liderazgo esperado, se evidencia cuando un grupo de notables del poder económico, sin agenda propia, en calidad personal, dando la espalda a sus representantes gremiales, acude a la convocatoria del presidente a Casa Presidencial.

En resumen, se espera que los integrantes del poder económico, elijan a representantes que conduzcan futuras acciones que se sumen a las de otras fuerzas derivadas de la civilidad, en defensa de la República.

De lo contrario estaríamos, con sus lógicas variables, frente al mismo fenómeno político de Venezuela donde una derecha dividida y debilitada, disputó, en desventaja, el poder al dictador Hugo Chávez.