Hace unos días, un joven de 17 años empezó a tratar de desmitificar opiniones de sus amigos sobre una acusación que le pareció, a su modo de ver, falsa o al menos equívoca. Se trataba de la acusación ya bastante divulgada sobre que los medios de comunicación impresos –que también son digitales– no pagan impuestos. El joven les aclaró a sus amigos que, en 2014, la Asamblea Legislativa de El Salvador acabó con aquella exoneración que molestaba a muchos sectores y que, quizás, sí generaba cierta desigualdad. Se acabó en 2014. Así fue: “Se derogan las exenciones en lo relativo al impuesto sobre la renta contenidas en el artículo 8 de la Ley de Imprenta”.
Lo reportaron todos los medios que registran qué es lo que pasa en el órgano legislativo.
La respuesta de los amigos del joven fue, ante todo, respetuosa, amigable y jovial, digna de un futuro salvadoreño que, aunque la red social le provee la posibilidad de ser un malcriado anónimo, opta por opinar con madurez con sus compañeros, de 17 años.
Pero entre la abundancia de información y de los anonimatos que tienen la libertad, legítima, de colocar cualquier opinión o información en redes sociales, este joven puede encontrarse con muchas informaciones falsas o, al menos, equívocas.
Un segundo ejemplo. Creo que una muy buena parte de la población conectada a las redes sociales conoció aquellas páginas falsas que circularon de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, con informaciones que, para algunos, fueron burdas clonaciones con informaciones ridículas y obviamente falsas, pero que este joven me contó que fueron reales para algunos de sus compañeros. De nuevo, información falsa que requiere de una criba sana.
Mucho tiempo después, hace unos días, una persona decía que el ciberataque a estos medios impresos no podía ser juzgado porque no se había aprobado la ley antitroles en la Asamblea Legislativa. La información era, al menos equívoca, y fruto de una mezcla de información de distinta índole.
Lo que le hicieron a los medios impresos mencionados, que son personas jurídicas, fue la clonación de sus páginas y el robo de su marca, su identidad. ¿Y cuánto vale el robo de identidad en el mundo?, ¿cuánto vale en este país?, ¿cuánto vale para nosotros, los salvadoreños si nos roban la identidad?
Robarle la marca o la identidad a una persona natural o jurídica, y ejercer sobre la misma emitiendo opiniones falsas, no tiene relación con las opiniones o críticas que puede hacer cualquier persona en las redes sociales, usando su libertad de expresión contra estos medios impresos.
Es decir, la clonación de sitios web no es un tema de libertad de expresión y tampoco es un tema de “troles”. Esta confusión, me parece, también se ha dado por aquella vorágine de información de la cual podemos disponer hoy y que también nos implica buenas ventajas en el manejo de información. Todos, no solo las nuevas generaciones, tienen la obligación de verificar, cada vez más.
Pero quiero añadir otro tema muy importante: jóvenes y adultos muy salvadoreños estamos acostumbrados a hablar de la ley de amnistía como que hubiera sido una sola y única, que debe ser respetada y la cual se derivó automáticamente de los Acuerdos de Paz. Así, escuchamos opiniones que sin ley de amnistía (de 1993, la vigente) no hubiese habido Acuerdos de Paz (1992). La “Ley de amnistía para la consolidación de la paz”, aprobada en 1993, dio paso a una amnistía “amplia, absoluta e incondicional” con más delitos amnistiables, días después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad; algo muy distinto a la “Ley de reconciliación nacional”, la ley de amnistía original, la aprobada en 1992.
En realidad, es admirable que muchos jóvenes se tomen el tiempo por tener información de primera mano en los temas del país. Muchos adultos ya no lo hacemos. Ojalá lo sigan haciendo y opinen, opinen, y tomen las riendas, pero eso sí, siempre con respeto.