Estas elecciones representaron en las urnas de manera simbólica la derrota del modelo económico implementado desde la década de los noventa y vigente hasta la fecha. No es detalle menor que en la retórica el presidente electo se haya presentado como “antineoliberal”. Aunque no se tenga certeza del significado de ello. De lo que sí se tiene certeza es de los resultados de ese modelo. El Salvador es el país de Centroamérica que menos ha crecido en las últimas décadas, con apenas un promedio de 2 %; el 85 % del territorio salvadoreño es vulnerable frente al cambio climático; apenas uno de cada cuatro salvadoreños cotiza a la seguridad social; hay alta concentración de la riqueza: de acuerdo a las estadísticas oficiales entre 2005 y 2017, mientras las remuneraciones cayeron (de 38.9 % del PIB a 36.5 %), las ganancias subieron de 36.5 % del PIB a 39 %.
Por si fuera poco, El Salvador presenta altos niveles de pobreza (2.6 millones en situación de pobreza multidimensional); bajos niveles de desarrollo, tal como lo indica la última actualización del Índice de Desarrollo Humano (IDH), ubicándose en la posición 121 de 189 para 2017; en ese mismo año, el país experimentó una reducción de 0.7 % en el valor del IDH y una pérdida del 22.3 % en desarrollo humano, debido a la desigualdad en salud, educación e ingreso. A eso se le suma el flagelo de la inseguridad, con una de las tasas de homicidios más altas de toda América Latina.
Y qué decir de la política fiscal. Bajos niveles de ingresos pero además que afectan más a las personas más pobres. Una deuda pública insostenible. Bajos niveles de gasto público y de cobertura en bienes y servicios públicos: Una de cada tres niñas y niños están afuera de la escuela y, no hay ni vacunas para los niños y niñas menores de un año, por poner algunos ejemplos.
¿Cómo afrontar todos estos problemas? Una de las claves está en alejarse de la arrogancia que caracterizó a los partidos tradicionales. Los problemas que tiene este país, superan a la capacidad de un gobierno por lo que es fundamental lograr acuerdos políticos que se traduzcan en presupuestos públicos para el beneficio de las mayorías. Temas como educación, salud, seguridad, generación de empleo, protección ambiental, transparencia y combate a la corrupción deberían ser elementos de una agenda básica de país. No podemos seguir postergando las respuestas a las preguntas sobre cuál es el país que queremos, cómo lo podemos alcanzar, cuánto cuesta y cómo lo podemos financiar.
Sin dudas la clave del éxito del próximo gobierno, pero sobre todo para el país, pasa por configurar una nueva visión de la política fiscal. Una que se preocupe menos en quedar bien con lo “que piensan los mercados” y que se preocupe más por el bienestar de las personas. No se puede seguir viendo a la política fiscal desde la frivolidad de cuadrar cifras. La política fiscal debe configurarse en el instrumento para garantizar el desarrollo de nuestro país. Una política fiscal que sea transparente, progresiva y suficiente. Una política fiscal que en lo concreto garantice que todos los niños y las niñas tengan acceso gratuito y de calidad a la educación; que todas las personas tengan acceso a atención de salud de calidad; donde hombres y mujeres cuenten con las mismas oportunidades para su desarrollo pleno, al tiempo en que se abandona la cultura de los privilegios y se construye una sociedad donde se garanticen los derechos. Una política fiscal que deje de ser neoliberal. Esa es la clave.