Este artículo de opinión no trata de emitir un dictamen de lo obrado por el diputado Magaña, eso es algo que él mismo, en un acto de contrición sincero y profundo, debe dilucidar. Pero sí utilizaremos este penoso episodio para llamar la atención de la responsabilidad que tenemos los salvadoreños con nuestro comportamiento social, especialmente los funcionarios públicos. Y es que una de las grandes deficiencias que parece ser un denominador común en la mayoría de los funcionarios públicos actuales y anteriores, es que demuestran muy poca o nula educación social.
En el mundo del protocolo y el saber estar, los especialistas nos referimos a la educación social como el comportamiento en el trato social caracterizado por muestras de cortesía y educación, definición que también puede corresponder al término urbanidad. Pues bien, no son pocas las muestras de la falta de educación social de muchos de los funcionarios públicos que creen que con ser nombrados ministro, viceministro o presidente/director de alguna institución autónoma, o por ser electos diputado, magistrados, alcaldes, etc., sus maneras y formas de comportamiento vienen incorporadas con el cargo, lo cual no es cierto.
El profesionalismo es una cosa y la educación social es otra; cualquier ciudadano puede ser técnicamente muy capacitado, puede estar muy preparado académicamente, pero si su comportamiento social no va acorde a ese nivel intelectual, no deja de ser uno del montón que por la vida va.
Lo mismo sucede, y con más alcance, cuando se trata de funcionarios públicos, los cuales con su falta de educación y comportamiento errático ponen en entredicho su capacidad para desempeñar el cargo para el que han sido electos o designados. Y como sociedad, ahí es cuando debemos aceptar la responsabilidad que nos corresponde, pues estos malos funcionarios han llegado a los puestos que ocupan porque han recibido el voto de apoyo de la ciudadanía y es nuestra responsabilidad retirar ese apoyo cuando dichos personajes son protagonistas de hechos que rayan con la moral, el decoro y lo legal.
Las personas más expuestas al juicio público tienen la obligación de cuidar su comportamiento y desempeño; muchos son la referencia de tantos jóvenes que ven en estos personajes su modelo a seguir y no es posible que denigren con actuaciones poco decorosas y reprochables, la dignidad de los cargos que representan.
El tema en los próximos días en la Asamblea Legislativa no debe ser si procede o no el desafuero del diputado Magaña, eso en un colectivo de diputados que se valoren como personas dignas no debería estar en discusión; el desafuero debería ser un acuerdo unánime por parte de los diputados para que las instancias judiciales hagan su trabajo y deduzcan las responsabilidades del accionar del diputado Magaña.