Por ejemplo, por el lado de los ingresos, el proyecto de presupuesto plantea que el Estado recaudará menos, pues tendrá una carga tributaria del 17.9 % para 2019, por debajo del 18.6 % estimado por Icefi para 2018; ¡esto implicaría una caída hasta los niveles observados en 2013! Pero además, el cobro de impuestos vendrá en una mayor proporción de impuestos al consumo, que terminan afectando proporcionalmente más a las personas más pobres. Además, las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa hace unos días, establecen que a partir de 2021 la carga tributaria no podrá ser inferior a 18.5 % del PIB.
Por el lado del gasto, el presupuesto de 2019, busca garantizar el servicio de la deuda, pero no el bienestar de las personas. El rubro del pago de intereses y amortizaciones de la deuda será más grande que el de educación y salud juntos. En cuanto a la educación, para 2019 alcanzaría el 3.69 % del PIB, levemente superior al 3.67 % que se estima cerrará en 2018; sin embargo, al hacer una revisión histórica, el gasto de educación para 2019 será menor a lo que se destinaba en 2009, lo que contrasta con la caída en la matrícula neta de la mayor parte de niveles educativos. Misma situación sucede con el ramo de salud, en el que se presupuesta para 2019 un 2.45 % del PIB, levemente superior al 2.41 % del PIB con el que se espera cierre en 2018, pero inferior a los niveles que se tenían en el 2013; esto contrasta con los más de USD38 millones que destinarán, para 2019, los tres Órganos del Estado para contratar seguros de salud privados para sus funcionarios.
Por si fuera poco, el presupuesto para 2019 será un duro golpe a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes salvadoreños. En términos del PIB se observaría una reducción de 0.4 %, pasando de 6.4 % en 2018 a 6.0 en 2019, una tendencia que se ha presentado desde 2007 y, una reducción de medio punto porcentual en términos de gasto público total. Es evidente que el presupuesto salvadoreño está lejos de convertirse en una herramienta que protege y garantiza los derechos, especialmente de los sectores en situación más vulnerable.
La diferencia entre ingresos y gastos se hará más grande, llegando a un déficit fiscal de 3.7 % mayor al 3.1 % estimado por Icefi para el cierre de 2018 e igual al que tuvimos en 2015. Lo que implica que hay que contratar más deuda para pagarlo. Y, lo más lamentable es que un año más la ciudadanía no tuvo espacios para participar en las decisiones del presupuesto. Un presupuesto que pertenece a toda la población, tanto porque éste debe garantizar su bienestar como porque es financiado con los impuestos que pagan.
Todo este panorama es resultado de un conjunto de decisiones del Gobierno, la Asamblea Legislativa y la propia Sala de lo Constitucional con sus resoluciones. Pero lo cierto es que las próximas autoridades heredarán una carga tributaria que cae, un gasto público insuficiente para mejorar las condiciones de vida de las personas y, un déficit y deuda que crece. Por si fuera poco, de no aprobarse el presupuesto para el próximo año, quien gane heredaría una crisis fiscal de gran envergadura. Sin embargo, esta crítica situación también representa una oportunidad para que, desde el Ejecutivo, de una vez por todas, se lidere un acuerdo fiscal integral que devuelva a la política fiscal la capacidad de garantizar derechos, potenciar el desarrollo y consolidar la democracia. La gran interrogante es ¿qué piensan hacer, señores candidatos?