Con una política criminal como nación se facilita la labor para los alcaldes, marca rumbo, dirección y sentido, el alcalde podría nombrar a una persona dentro de la municipalidad que desarrolle funciones similares a un “alguacil” con potestades para desarrollar política criminal en el contexto de la prevención del delito; así como también desde el año 2009 he recomendado una revisión a la Ley Municipal en relación al CAM que debe de atribuírseles mayores competencias y no “única y exclusivamente” que cuiden el patrimonio municipal. Cuantas ocasiones frente a los miembros del CAM asaltan, se cometen hurtos y otros delitos sin que tomen amparados en sus funciones municipales cuando son actos en flagrancia. Mi propuesta es que el CAM, mediante una reforma de ley, pueda tener mayores funciones en la prevención y disuasión del delito, que den un paso más, que velen no sólo por su metro cuatro que avancen en beneficio de sus ciudadanos. Además, pueden ejercer otras labores como regulación, orientación y otras competencias en el área del tráfico vehicular en sus municipios y utilizar a los agentes de la PNC en labores de seguridad pública y sobre todo en el área rural donde brindarían un mayor aporte y serían más eficientes si cuentan con un apoyo legal y decidido de los CAM.
Los municipios en su mayoría no cuentan con observatorio de violencia si acaso cuentan con cámaras, pero sin protocolos de actuación, sin información, sin estadísticas y mucho menos análisis de lo que está aconteciendo en su municipio para gestionar ante la FGR, PNC o gobierno el apoyo necesario. Deben de promover la denuncia y participación ciudadana.
Es posible mejorar la seguridad de los municipios se requiere que los alcaldes asuman liderazgo, sean creativos y se preparen; de igual forma existen ya buenas prácticas de algunas alcaldías, como Antiguo Cuscatlán, San José Guayabal, Santa Tecla, San Salvador, Cojutepeque, las cuales deben revisarse para unificar modelo y replicarse; pero el Estado salvadoreño debe reconstruir y construir el tejido social y brindar los servicios básicos a la población lo que se puede definir como la refundación social y moral, sin dejar de lado una reforma profunda a la educación, modelo económico y sistema penitenciario.