El 10 marzo anterior más de 70 puestos del mercado municipal de Santa Ana fueron consumidos por un siniestro que dejó millonarias pérdidas. Dos días después doce puestos de un módulo de la Megaplaza de Sonsonate fueron consumidos por un fuego aparentemente indiciado por la falta de pericia de unos trabajadores que realizaban labores de soldadura eléctrica. La madrugada del 6 de abril un incendio arrasó con más de 400 negocios en el mercado municipal de San Miguel.
La tarde del 2 de junio una docena de negocios ubicados en la avenida Monseñor Romero, en el barrio San Felipe de San Miguel, fueron destruidos por un incendio que al parecer inició en una bodega de plástico. El 16 de junio, cerca de la medianoche el fuego arrasó a por lo menos 40 puestos del mercado municipal de Usulután. El último, el más grave, ocurrió la mañana del miércoles de la semana pasada cuando las llamas que supuestamente comenzaron en la zona de basares destruyeron más del 60 por ciento de los puestos (más de mil) dentro del mercado San Miguelito de San Salvador.
Gracias a Dios no ha habido víctimas mortales y la efectividad del Cuerpo de Bomberos, cuerpos de socorro y personal de la Dirección de Protección Civil, han evitado que los incendios se trasladen a viviendas particulares. La labor reactiva de la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y los respectivos Cuerpos de Agentes Metropolitanos también han sido valiosas para proteger vidas. La reacción para controlar los siniestros ha sido relativamente muy efectiva hasta ahora.
Sin embargo, hay que cuestionar y criticar la situación. Los mercados, muchos de ellos, con más de 50 años de construcción, deben ser objeto de constantes verificaciones de sus condiciones de seguridad para las locatarias y para los miles de usuarios que acuden a diario. Alguien dijo que en el caso del incendio en el mercado San Miguelito, los guardias de seguridad privada quisieron usar los extintores para sofocar el principio del fuego, pero fue inútil porque estaban sin carga, es decir estaban solo de adorno. Si esto último es cierto, se debe investigar una posible negligencia y abrir procesos contra quien resulte involucrado en esa irresponsabilidad.
Urge hacer un análisis infraestructural de todos los mercados. Las alcaldías, que cobran tasas e impuestos a las locatarias, deben periódicamente hacer exhaustivas inspecciones con ayuda de expertos; es decir con bomberos y constructores. Asimismo deben concienciar a los dueños de negocios para que sean precavidos con el manejo de sus productos y la necesidad de hacer fuego dentro de las instalaciones. A los usuarios, que somos cientos de miles, se nos debe prohibir fumar dentro de los mercados. Las áreas donde obligadamente tiene que haber fuego (área de cocinas, por ejemplo) tienen que estar con normas estrictas de aplicación obligatoria. No se puede estar fumando cerca de los tambos de gas o en locales donde se ofrece producto fácilmente inflamable.
Algunas municipalidades se limitan a hacer campañas de limpieza una o dos veces al año, pero eso es algo estético. Realmente es urgente que todos los mercados municipales sean objeto de extremas revisiones. En algunos puestos o áreas de mercados se ven cables eléctricos sueltos, goteras, y en algunos ni siquiera se ven extintores. El Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección de Protección Civil, debe realizar una campaña nacional para garantizar que los mercados municipales sean sitios seguros. Dios quiera que nunca vaya a ocurrir un siniestro con gente atrapada, porque eso sería demasiado lamentable.
Todo incendio es evitable si se es precavido y eso pasa por capacitar a las locatarias, concienciar al público usuario, normar el uso correcto de las infraestructuras y hacer inspecciones periódicas. Incluso hasta pasa por efectuar simulacros revisar a diario los hidrantes.
Conozco el mercado San Miguelito y otros, como el Mercado Central, que también en otros años ya ha sufrido incendios. Un incendio en este último mercado, con la intensidad del ocurrido el miércoles, sería fatal en extremo. Hay que investigar las causas de los incendios y hacerlas públicas, pero más que eso hay que garantizar las medidas de seguridad para que esto no ocurra. Las alcaldías tienen la facultad de normar todo lo concerniente a los mercados y por consiguientes son las primeras sospechosas de la falta de mantenimiento y medidas protectoras.