También hemos leído que las redadas de pandilleros rebasan la capacidad de los tribunales para imponer el orden, lo cual, a la larga significa la pérdida de autoridad en nuevos territorios. Se busca la solución de estos delicados problemas generando las mal llamadas “treguas”, que por último solo favorecen a la delincuencia. Y es que hemos llegado a un momento en que los líderes del mal han logrado eliminar de la conciencia de sus miembros, el temor a la muerte, que es lo que por siglos ha detenido de alguna forma el crimen.
Nos ha puesto en qué pensar una noticia, que da cuenta que las redadas de mareros que de vez en cuando se realizan, han saturado los juzgados, lo cual sumado al temor que el crimen organizado puede causar en los funcionarios públicos, encargados de combatir el delito, vuelven poco práctico combatir este mal que día a día crece más. Impactante fue el relato de unos vecinos que le comunicaron a otro vecino policía que en determinado lugar estaban reunidos unos pandilleros, pidiéndole que los librara de ese mal. Sorpresa tuvieron los vecinos cuando el policía se negó a acudir al sitio, a lo cual los vecinos le inquirieron, por qué no actuaba, puesto que él era policía. La sorpresa fue general cuando el agente respondió: “Pues si por eso… porque soy policía”. De la misma forma, los jueces, agentes policiales, fiscales y demás autoridades, pareciera que han cedido al temor que infunden las pandillas, y de esta forman han logrado menguar la actividad de la justicia.
Recién se conoció del asesinato de la esposa de un policía que había huido del país por las amenazas de la mara. Sin embargo, no tuvieron empacho en quitarle la vida –frente a sus hijos- en venganza por haber sido burlados con su huida, por el agente. Definitivamente, reconocemos que la labor que realiza la autoridad para mantener el orden es infatigable y en beneficio de las mayorías. Pero… lamentablemente es insuficiente.
El problema del crimen organizado crece cada día y la solución no se encuentra. A estas alturas, es imperativo integrar un grupo de personas que enfrente el problema con seriedad y con efectividad. En este grupo, deben aparecer sociólogos, ministros religiosos, criminólogos, abogados, jueces, fiscales y procuradores; y buscar y proponer soluciones que, de verdad, logren combatir de frente y disminuir, si acaso no eliminar, este flagelo que poco a poco está derrumbando nuestra sociedad. Es necesario depurar el sistema de servidores públicos al más alto nivel para erradicar la corrupción y lograr que las entidades de defensa de la sociedad reaccionen, con respuestas reales a las necesidades del país.
Es difícil reconocerlo, pero debemos aceptar que las autoridades del más alto nivel han fallado en su principal misión de mantener segura a la ciudadanía. Vincular la política con los hechos del diario vivir ha elevado los niveles de inseguridad social. A manera de ejemplo, el retraso de nombrar magistrados del Órgano Judicial, hasta por cuatro meses, es un indicativo de que algo grave falla en el sistema. El actual proceso para elegir un nuevo Fiscal General, denota que el método empleado es ineficaz, y puede producir los mismos resultados deprimentes en el retraso de nombrar al funcionario. Los usuarios del sistema seguridad y judicial (todos los habitantes) tienen derecho a ser protegidos en sus vidas y bienes, eso tristemente se ha perdido y recuperarlo tomara su tiempo. Las leyes actuales parecen no haber funcionado como debe ser, y es necesario pensar en reformarlas para hacerlas efectivas y eficientes.