En la sexta elección presidencial desde la firma de los Acuerdos de Paz, con claridad y contundencia el soberano se expresó a favor del partido GANA y su candidato Nayib Bukele. Esta elección nuevamente puso a prueba la vigencia del modelo político democrático acordado tras aquel pacto que puso fin al conflicto armado, abriendo un complejo proceso de democratización que logró el consenso nacional y gozando hasta hoy de todo el reconocimiento, respaldo y apoyo de la comunidad internacional que sigue enarbolando su ejemplo.

Un legado de trascendencia que nos dejó aquella gesta de paz es el reconocimiento de una sociedad plural en que más allá de la confrontación cotidiana, nos podemos respetar y tolerar; generando a la vez -como en el actual gobierno- mecanismos de participación intersectorial como la integración de los Consejos de Seguridad, Educación, Medio Ambiente, y la interpartidaria, con el objeto de aproximar una visión común sobre los retos que enfrenta el país, dando oportunidad de edificar un destino mediante consensos y acuerdos en beneficio del interés nacional.

La transformación paulatina de la institucionalidad del Estado es parte del legado de aquellos acuerdos y podemos afirmar que el país avanza a pasos agigantados en la consolidación de su larga y tortuosa transición democrática. Con esta elección presidencial tres diferentes fuerzas políticas habrán conducido los destinos del país y más allá de ganadores y perdedores, lo cierto es que una vez más no se vislumbra altercado posible que ponga en duda el resultado de los comicios, o la transición al nuevo gobierno.

Por lo tanto, mal se expresan quienes pretenden dar por cerrado el proceso de paz opacando la trascendencia del hecho histórico más relevante después del acta de la independencia patria. La vigencia de los Acuerdos de Paz es útil para profundizar la democracia y para avanzar en la agenda de justicia económica y social.

La tranquilidad que goza el país después de una elección políticamente compleja, también es mérito del buen desempeño del organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Es digno reconocer el trabajo abnegado de sus directores y directoras, funcionarios, técnicos y trabajadores que con su experticia, compromiso y esmero, lograron sobreponerse a fallas -propias de estos procesos- a la escasez de recursos e infraestructura, a complejas reformas impuestas por sentencias fuera de tiempo y consenso, y a los infundados e irracionales ataques de que fue objeto esa institución.

El TSE, habiendo demostrado su capacidad, amerita fortalecerse con un mejor presupuestario ordinario que le permita cumplir de mejor manera sus nuevos cometidos, mecanismos claros para el suficiente financiamiento de la organización de procesos electorales, mejor infraestructura, y un decreto que permita el retiro digno de trabajadores en edad de jubilación que han acumulado décadas de servicio y pueden ser relevados por una nueva generación que asuma los rigores técnicos.

Concluido el proceso de escrutinio definitivo por el TSE será responsabilidad de cada partido político y tanques de pensamiento, profundizar de manera urgente y rigurosa la evaluación y análisis de los votos obtenidos por cada contendiente en cada mesa y centro de votación, por municipio y departamento, en comparación con el espejo de resultados legislativos y municipales de marzo 2018; con la finalidad de establecer de manera descarnada y objetiva las responsabilidades de conducción por las fallas en el análisis previo, errores de estrategia y táctica que incidieron en el desplazamiento de las preferencias electorales. Esto permitirá hacer ajustes orgánicos de método y estrategia, especialmente porque en 18 meses estará lista la campaña y las planillas de candidaturas para la elección legislativa y municipal.

Por su parte, el movimiento sindical, social y comunitario es previsible que adelante sus alfiles marcando la cancha que identifique con claridad sus reivindicaciones, entre ellas detener la privatización del agua, llevándola al nivel constitucional de derecho humano.

En todo caso, será obligado caracterizar el periodo político que se abre ante cualquier ambigüedad programática e ideológica de la fórmula ganadora, que auguro no tardará en expresarse. El presidente electo y su partido GANA tendrán que mostrar las plumas de un estilo y método de conducción de gobierno; las figuras de primera y segunda línea en la integración del gabinete, sus alianzas, así como los compromisos políticos y legislativos que le aseguren gobernabilidad y el cumplimiento de las promesas asumidas durante la campaña y, por supuesto, los énfasis de sus primeros cien días de gobierno. La historia está por escribirse.