Desconocemos exactamente cuántos no acuden a las urnas por migrar o fallecer –y que afortunadamente ya no votan como en otros tiempos- pero abultan el padrón dando una falsa perspectiva de la abstención. Debe promoverse una reforma legislativa que permita suspender a un ciudadano por ausencia en al menos en tres comicios sucesivos -incorporándolo si se hace presente-, como exitosamente ocurre en Puerto Rico y Bolivia.
Además, son ineludibles los efectos de la violencia y el desplazamiento por razones económicas y su impacto en la evolución electoral y democrática del país. El fenómeno de violencia provoca que un considerable porcentaje de ciudadanos migren dentro del territorio nacional ante amenazas de grupos criminales; en otros casos es la búsqueda de oportunidades la que les lleva a trasladarse. De éstos un porcentaje importante no actualiza su residencia según la ley y quedan imposibilitados objetivamente para ejercer el sufragio.
Otros, debidamente inscritos, se inhiben de acudir al centro de votación asignado por el temor de traspasar “territorios contrarios” bajo control de la criminalidad y desafortunadamente no ejercen ante el TSE en el plazo correspondiente su derecho (gratuito) de solicitar el cambio de Centro de votación. Mientras, otra parte no sufraga porque viven al margen de la ley involucrados directamente en acciones delictivas o están detenidos.
Las elecciones presidenciales son técnicamente sencillas pero políticamente complejas y sus resultados ameritan un estudio meticuloso desde distintas aristas. En esta ocasión solo la mitad del padrón electoral (5,6 millones) acudió a las urnas; quienes no participaron pueden estar incluidos en las razones expuestas o sencillamente, como opción política, muestran su desinterés y falta de confianza en las ofertas políticas. En todo caso, es apreciable que en las últimas cuatro elecciones presidenciales hay un 20 % de electores inscritos -un millón- que, fuera de cualquier consideración ideológica o programática, son capaces de superar el voto orgánico de los partidos, decidiendo de manera pragmática, de acuerdo a su percepción.
Desde la perspectiva de los partidos es necesaria una consistente reflexión, principalmente desde los partidos tradicionales, que permita recuperar e incorporar el catecismo de la fe sobre el valor científico de las encuestas y los diferentes mecanismos de medición de la opinión pública, que conduzcan a desarrollar capacidades técnicas y sistemáticas para conocer y procesar las tendencias e intereses de la ciudadanía; al final, son estos instrumentos los que aunados a la visión programática de los institutos políticos, permitirá presentar de mejor manera su oferta electoral.
En cuanto a la relación partidos-ciudadanía, hoy con el extraordinario avance de la tecnología y las comunicaciones, más el desarrollo de los medios de comunicación alternativos, la explosión de las redes sociales y los avances de las nuevas normas e institucionalidad para el acceso a la información pública, hace de esta época un campo fresco para la efectiva expansión de la auditoría ciudadana sobre la función pública. Los ciudadanos no deben solo depositar con su voto la confianza, sino una advertencia de control. Esto exige mayor dedicación de los partidos políticos a la transparencia, mayor acceso a la información sobre sus interioridades y, sobre todo, mayor vigilancia y medidas ejemplares sobre el desempeño ético y austero en el ejercicio de la cosa pública. Esto implica, sin duda alguna, un nuevo esfuerzo en la calidad profesional, política, ideológica, administrativa de la formación de sus cuadros y una relación más estrecha, franca y abierta con la ciudadanía.
Para el presidente electo resultará urgente la convocatoria a una nueva fase de diálogo nacional que incluya a los sectores sociales para abordar los grandes temas de país, pasando de lo virtual a lo real. Será ineludible abordar temas como compromisos del país con los objetivos del desarrollo económico y social de Naciones Unidas, renegociación de la deuda externa, estrategia de seguridad pública para seguir reduciendo la criminalidad, reforma tributaria en la que efectivamente los que tienen más paguen más, asumir la agenda de protección y recuperación ambiental que incluye impedir la privatización del agua, continuar la reforma de previsional para asegurar pensiones justas, y, especialmente, la propuesta de crecimiento económico con justicia social y equidad que contribuya a generar empleos de calidad con salarios justos.