Pero luego el Vicepresidente rechazó que pretendan convocar a una Asamblea Constituyente. En la entrevista ante FOCOS el 20 de septiembre de 2020 dijo que ese comunicado fue redactado por «periodistas», no por abogados, de manera que había un error en él. La entrevistadora le preguntó: «Entonces, vicepresidente, solo para que quede este punto claro, ¿usted no está considerado de alguna manera otro mecanismo alterno para reforma a la Constitución que no sea el establecido en el artículo 248?»; y el funcionario contestó: «No existe otro».
De igual manera el Doctor Fabio Castillo, quien asesora a Casa Presidencial en este tema, el 16 de septiembre de 2020 dijo en el programa 8 en punto: «Nadie tiene facultad en el país para convocar a una [Asamblea] Constituyente, o sea que eso a mi modo de ver queda descartado».
Tales declaraciones expresan que el plan presidencial de cambios constitucionales se materializaría a través del proceso de reforma constitucional del art. 248 de la Constitución, y no mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Si en efecto ese fuera el plan, entonces este se sujetaría a los límites que la misma Constitución establece.
En la sentencia de inconstitucionalidad 33-2015 la Sala de lo Constitucional se refirió al proceso de reforma constitucional. Estableció que en él existía una fase informativa, sobre la cual dijo: «Se debe garantizar un intervalo de tiempo adecuado para que la ciudadanía se informe de las alternativas en juego y de la exacta dimensión de la reforma constitucional sometida a su consideración. El fundamento de ello es asegurar que el cuerpo político de la sociedad salvadoreña se exprese limpia y transparentemente en relación con la conformación de la Asamblea Legislativa que deberá decidir si ratifica o no el acuerdo de reforma».
Así, la Sala de lo Constitucional ha declarado inconstitucionales acuerdos de reforma constitucional que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa en el intervalo de tiempo entre la fecha en que ocurrieron las elecciones para diputados y el treinta de abril, fecha en que finaliza la legislatura. Por ejemplo, en ese caso dijo: «El ente legislativo ha desconocido la etapa informativa en el procedimiento de reforma constitucional (arts. 83, 85 inc. 1 y 248 Cn.) pues aprobó el acuerdo de reforma apenas 7 días antes de que la legislatura 2015-2018 iniciara sus funciones. Para entonces, los resultados electorales ya eran firmes, por lo cual era imposible que los ciudadanos pudieran incidir en la conformación de la legislatura encargada de la ratificación. Y si ello es así, entonces el proceso de adopción del acuerdo de reforma constitucional no cumplió con el procedimiento previsto por la Constitución, ni está democráticamente justificado».
Hoy, en 2021, la actual legislatura de la Asamblea Legislativa está inhibida de aprobar cualquier acuerdo de reforma constitucional. La próxima legislatura únicamente podrá ratificar los acuerdos de reforma constitucional que fueron aprobados con anterioridad al desarrollo de la campaña electoral de las elecciones del pasado 28 de febrero.
Es por ello que cualquier intento de reforma constitucional solo tiene habilitada la vía de la aprobación del acuerdo por la próxima legislatura, y una ratificación del mismo hasta la legislatura 2024-2027. Intentar aprobar un acuerdo de reforma constitucional antes del 30 de abril, para que luego sea ratificado por la legislatura que inicia el próximo 1 de mayo, sería una burla a los electores, y una violación a la Constitución. Otra violación a la Constitución.
Esperamos que eso no ocurra, y menos aún que intenten romper de manera absoluta el orden constitucional convocando a una Asamblea Constituyente. Hasta hoy el vicepresidente y el asesor de Casa Presidencial han sido categóricos en que no lo harán. Habrá que esperar para comprobar si eso es verdad.