Pero, más allá de estos contrastes, lo que más llama la atención es la premura con la que varios miembros del gabinete de Gobierno, se han lanzado a la competencia interna por lograr la candidatura a una diputación, sin que apenas hayan alcanzado las metas encomendadas a sus respectivas carteras hace apenas un año. Los titulares de Cultura, Justicia y Seguridad, así como representantes de secretarías y alguna autónoma, anunciaron su disposición de “rescatar” la Asamblea Legislativa como si de un botín de Órgano Ejecutivo se tratara.
¿Qué anuncia esta voluntad de ocupar un curul en el parlamento? En primer lugar y con base a las declaraciones que estos postulantes han dado en programas de opinión, lograr el control de las decisiones del legislativo para que estas se ajusten a los deseos del Presidente de la República. Segundo, aunque hubo un mayor pudor en decirlo dadas las reacciones de opiniones más autorizadas en contra, iniciar el proceso de reformas a la Constitución que permitirá la reelección presidencial, pese a las cláusulas pétreas en contra; y, finalmente, modificar los procesos de elección de funcionarios de segundo grado, en particular al momento de nombrar a los titulares de las instituciones contraloras del Estado, especialmente a los del Órgano Judicial encabezado por la Corte Suprema de Justicia.
Esto aclara el panorama casi siempre oscuro de las declaraciones a medias, retractaciones y, de nuevo, repetición de reacciones presidenciales que luego son difundidas por los que ahora expresan su voluntad de convertirse en legisladores. No han tenido tiempo –evidentemente- para reflexionar y mucho menos para medir las consecuencias de estos tres aspectos a los que hice referencia antes, pues todo parece estar en función de alcanzar el curul que desde su perspectiva les corresponde, arropados en la insistente consigna de representar a la mayoría de los electores.
En realidad, destruir es más fácil y más rápido que construir.
La historia nacional es fértil en ejemplos de esto y nada más volver la mirada a lo que fue el proceso de reconstrucción nacional, tras la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en enero de 1992, da cuenta de esto: lo que fue anunciado como el fin de la guerra era en realidad el inicio de un proceso de reformas, ensayos y errores que quizá aún no termina, pero que entre otras cosas ha permitido a lo largo de casi tres décadas, resolver las diferencias internas por medio de cauces institucionales y garantizar, en mayor o menor medida, los derechos humanos de las personas o al menos la existencia de cauces para defenderlos.
En el discurso de los próximos candidatos a diputados falta todo esto. Peor aún, falto de nuevas ideas se nutre de viejos esquemas ya superados y que son propios de gobiernos autoritarios, peligro que varios actores de la política nacional o internacional vienen advirtiendo: un militarismo acentuado, una intención de imponer que está muy lejos del arte de convencer y, peor aún: la apuesta por una figura mesiánica que vendría a resolver todos los retos y carencias nacionales, como si al abuso de poder de los gobernantes anteriores se resolviera concentrando una cuota mayor, en alguien que no está habilitado ni capacitado para ejercerlo.
Tal parece que la construcción republicana que tanto tiempo llevó apuntalar, llena de fisuras de la historia y con un techo endeble tras décadas de abuso, terminará siendo destruida por un grupo de aficionados que al final no sabrán cargar con las consecuencias de sus actos…pero quedarán los andamios, las sólidas estructuras que erigieron este pequeño monumento: sobre la jurisprudencia constitucional, la voluntad ciudadana y la crónica periodística de cuanto ocurra, se erigirá un futuro común.