La parte externa, artificialmente impuesta, se debe al bloqueo económico, maniobras políticas y diplomáticas, motivada en cálculos de control de intereses estratégicos y a la campaña de reelección de la administración Trump. No podemos ser ciegos, el pecado original de ese pueblo ha sido contar con una de las mayores reservas petroleras, de minerales estratégicos y preciosos; y, por si fuera poco, trabajar durante los últimos veinte años en construir su propio destino.
Más allá de las simpatías o adversidades ideológicas que provoque Venezuela, lo cierto es que debemos comprender que la humanidad avanza aceleradamente a un mundo multipolar por los pesos y contra pesos en el que predomina, además de Estados Unidos, la creciente incidencia de China, Rusia, y la misma Unión Europea, por lo que el análisis debe trascender enfoques ideológicos o coyunturales, remitiéndose al estricto margen del derecho internacional como corresponde.
Las reuniones emergentes en el Consejo Permanente de la OEA y el Consejo de Seguridad de la ONU a instancia de Estados Unidos para “considerar los acontecimientos de Venezuela”, no lograron el reconocimiento de la legitimidad del “presidente encargado” -cargo que no se apega al precepto constitucional de esa nación- y que significaría una flagrante intervención en los asuntos internos de Venezuela. Esta pretensión está fuera de las normas del derecho internacional y de los límites del mandato de esos organismos multilaterales, pues no corresponde a esas instancias reconocer legitimidad de gobiernos electos, debiendo promover el dialogo entre las fuerzas políticas y sociales para que puedan arribar a soluciones en el marco de su constitucionalidad.
En el caso de Venezuela, que no representa una amenaza para la paz internacional, es clara la intromisión del gobierno de Estados Unidos; muchas voces han señalado que el intento de golpe de Estado fue diseñado, financiado y gestionado por esa potencia. Esta acción debilita, suplanta y deslegitima a la propia oposición, que de por sí enfrenta disparidad de estrategia, organización y acción y la confronta a la sociedad, cansada de tanta crisis, que resulta amenazada ante una posible intervención militar.
La operación de “Ayuda Humanitaria” desplegada por Estados Unidos durante el fin de semana con el apoyo de Colombia y Brasil, no contó con el aval de Naciones Unidas, ni del Comité Internacional de la Cruz Roja, por no garantizar principios de imparcialidad, neutralidad e independencia; esta operación es percibida como parte de una escalada belicista para justificar una intervención militar directa. Extraña mucho que acciones “humanitarias” como ésta no se organicen en beneficio del golpeado pueblo haitiano o de otros países que no tienen riquezas naturales y que sufren del hambre más cruenta que pueda existir sobre la tierra.
El 20 de mayo de 2018 fui parte de las misiones de observación internacional que acompañamos la elección presidencial; participaron 16 de 19 partidos inscritos, seis candidatos presidenciales, votaron voluntariamente 9,389,056 de electores; otros tres partidos de oposición decidieron no participar llamando a la abstención, su decisión pudo incidir en el descalabro opositor.
Se efectuaron 18 auditorías públicas, todas las actas fueron firmadas en conformidad por los técnicos nombrados por los partidos, no hubo impugnaciones legales al proceso; se eligió presidente a Nicolás Maduro con el 67,84 % de votos; el opositor Henri Falcón obtuvo el 20,93 % y Javier Bertucci el 10,82 %. Tanto las autoridades, organización y tecnología, fueron exactamente las mismas con las que tres años antes la oposición ganó mayoría en el parlamento nacional.
En la crisis de Venezuela puede peligrosamente imperar una visión ideológica exacerbada que termine llevando a una aventura militar y a un conflicto de incalculables proporciones; por lo que desde nuestra experiencia de país es deseable trabajar activamente por el diálogo y la paz, el pleno respeto a la no intervención, el rechazo al uso o amenaza del uso de la fuerza, que permita arribar a una solución política en el marco de su constitucionalidad y el acato al derecho internacional.