Producto de la madurez del proceso y del mandato imperativo del resultado electoral está en marcha una pacífica, ordenada y transparente alternancia. Esto demuestra el grado de responsabilidad política de los actores, así como la solidez y funcionalidad alcanzada por nuestro sistema democrático. La institucionalidad exhibe el estricto respeto por la voluntad del soberano, opera y muestra la firmeza y vigencia del acuerdo político de nación después de 27 años de arduo trabajo de construcción de paz.

El capital político adquirido es visible en la sólida estabilidad democrática que constituye un patrimonio intangible de toda la nación, y que bien aprovechado debería ser la piedra angular de un nuevo proceso de diálogo nacional que abra espacio ante la comunidad internacional sobre aquellos temas pendientes que ameritan su acompañamiento.

El Salvador necesita ser incluido en los mecanismos de canje de la deuda externa a cambio de inversión ambiental y de apoyo al bono demográfico. Es urgente, además, la renegociación y reestructuración de una parte de la deuda externa para lograr mayores plazos y menores intereses; así como una estrategia que permita oxigenarnos, atraer inversión y profundizar los compromisos con los objetivos del milenio ampliando la agenda social.

Es respetable que cada nuevo gobernante acuñe su propio estilo de administración, sin olvidar que no fue elegido en calidad de rey; su triunfo está investido de toda la legalidad y legitimidad y será ejercido a partir del 1 de junio, cuando adquiera el fuero (entendido como la protección extraordinaria por actos efectuados durante el ejercicio de cargo), reconociéndosele la representación del país.

El próximo mandatario tampoco deberá olvidar que no tiene un cheque en blanco, que el caudal de votos de una elección es efímero y que permanentemente debe refrendar la confianza ciudadana. Sus votos son escasamente un poco más de la mitad de los que asistieron a votar y éstos son apenas la mitad de los salvadoreños aptos para el sufragio que decidieron acudir a las urnas. Por lo tanto, la racionalidad obligaría a considerar el diálogo como instrumento necesario para alcanzar acuerdos en beneficio de las mayorías.

El cambio ofertado por la próxima administración, con sus “nuevas formas de hacer política”, no debería convertirse en un viraje de 360 grados para llegar al mismo punto de confrontación que estancó importantes proyectos y caracterizó las relaciones de bloqueo de parte de rancios sectores derechistas empeñados contra la gestión del profesor Sánchez Cerén.

Esa misma polarización quizás podría verse traducida en una nueva forma de confrontación que parecería haber iniciado el próximo gobernante a través de operaciones mediáticas y políticas de manipulación demagógica, buscando subordinar a una legislatura fragmentada y cuya presión podría estar motivada por la inmadurez e incapacidad de promover el entendimiento y armonía. No obstante, en un régimen democrático con interacción de diferentes poderes de Estado debería haber un manejo constructivo de las diferencias.

La reciente operación mediática para reorientar un préstamo destinado a construir un edificio para un órgano de Estado muy cuestionado y de bajo apoyo popular como la Asamblea Legislativa, frente a la construcción de escuelas para nuestra niñez, fue una excelente obra dramática, una cortina de humo para desviar la atención sobre otros temas y refleja el estilo de comunicación política y el manejo de públicos que caracterizarán este periodo, en la búsqueda finalmente de mayor poder político.

La voluntad política implica no solo la expresión sino la correcta construcción de alternativas, por lo que la propuesta del presidente electo -y sobre la que como ciudadanos podríamos coincidir-, conllevaba una responsabilidad técnica que debía incluir, entre otros, la verificación de la existencia de fondos en el presupuesto, una consulta y aprobación del banco que aprobó el préstamo y la necesaria coordinación con el Mined para determinar el proyecto según las necesidades existentes.

La manipulación de la opinión pública sobre las supuestas “nuevas formas de hacer política” es una muy mala señal. Las pasadas denuncias de un presunto fraude electoral, usado como recurso mediático y las explosiones permanentes, reflejan falta de seriedad. Esperamos que el gabinete tenga la altura necesaria para trabajar y no vivir cinco años en medio de guiones artísticos.

El ejercicio de gobierno requiere un estilo sensato, coherente, incluyente, dialogante, genuinamente comprometido con los más desposeídos. No se logrará concertar mientras se acuchilla por la espalda con el pretexto de supuestas “nuevas formas de hacer política”, un estilo que en realidad oculta la enfermiza obsesión de aniquilar las diferentes corrientes de pensamiento político propias de una sociedad plural que ha transitado el sufrimiento de una larga transición democrática para construir el marco de institucionalidad y coexistir en paz.