Mucho se ha hablado y especulado en los últimos días sobre el Bitcoin y con mucha más atención desde que se aprobó la nueva ley que obliga (sí, obliga) a todos los que tengan los medios (no sé cómo se va a determinar eso) a aceptar la criptomoneda en transacciones comerciales.
Yo no soy economista (ah, scratch that, SÍ soy economista), así que no me voy a referir a las implicaciones de política monetaria, sino más bien a mi punto de vista como empresario y Salvadoreño.
Como tantas cosas que ha hecho este gobierno, la aprobación automática, inconsulta y sin discusión con quienes se verían afectados es una alarma evidente. Esta iniciativa tendría el potencial de ser algo extraordinariamente positivo para nuestro país si se hace bien.
Confieso que hay varias cosas me entusiasman (aclaro que tengo desde hace años inversiones en criptomonedas incluyendo BTC y en empresas del ecosistema), a mi si me entusiasma que El Salvador está siendo tendencia en el mundo tecnológico y personas muy influyentes que probablemente ni podrían haber señalado a El Salvador en un mapa, ahora están hablando sobre nuestro país e incluso considerando montar sus empresas aquí…. Lo anterior por sí solo no tiene ningún beneficio para los Salvadoreños en general, pero puede ser la semilla para convertir a El Salvador en un centro de innovación en la región atrayendo mucho talento, inversión y creando oportunidades para Salvadoreños. Esto también puede provocar una entrada de inversión extranjera (por ejemplo por invertir 3 BTC en El Salvador se da la residencia) que podría traer un boom económico temporal al menos. Como empresario, me parece que esta ley tiene un potencial positivo para la economía.
No anticipo que la aprobación de esta ley vaya a tener ningún impacto en la vida cotidiana de los salvadoreños. Un país en el que durante la pandemia no pudo avanzar en digitalizar la economía y su población, en donde cientos de miles de estudiantes perdieron año escolar por falta de acceso a la tecnología, difícilmente podrá adoptar una moneda virtual como propia al corto plazo.
De la manera general en la que está redactada la ley parece que aunque tendremos la obligación de aceptar Bitcoin si alguien quiere pagar así, el gobierno de manera casi automática garantizaría la conversión a dólares de ese pago… el gobierno afirma que “ellos” asumirían el riesgo de la volatilidad… Pero la verdad es que “ellos” somos nosotros, porque es dinero del “pueblo”.
Me preocupa la falta de alfabetización digital y financiera en nuestro país, me preocupa que en un país en donde invertir en “forex” o en esquemas piramidales es más común de lo que debería serlo, puedan existir personas que crean que invertir en criptomonedas es la manera más fácil de salir de un problema económico (spoiler: No lo es, nunca inviertan nada que no estén dispuestos a perder).
Y nada, absolutamente nada, de lo bueno que pueda traer este “boom” quita o redime al gobierno de las transgresiones a la democracia, institucionalidad y separación de poderes que ha cometido y sigue cometiendo. Este no es un “free pass” de nada. Es solo un hecho y una nueva realidad.