Nuestra Constitución, inspirada en fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la libertad y la paz, define los fines esenciales del Estado, los que entre otros se encuentra, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de los ciudadanos y asegurar la armonía social y la vigencia de un orden justo. Observar su pleno cumplimiento pasa por el entendimiento y el sometimiento a la norma constitucional.
No hay medias tintas; una democracia sólida sólo se construye con un proceso ordenado, responsable y participativo. Si antes se concibió el alcance de la paz como el gran propósito nacional, ahora nuestro avance político institucional requiere del apoyo irrestricto de toda la nación, por encima de cualquier consideración o falso protagonismo, bajo el entendido que ello compete y compromete a todos los salvadoreños.
Gobernantes y gobernados, traducido en partidos políticos y sociedad, hemos aprendido que la validación del trabajo de los representantes populares o por el contrario su rechazo, está cimentado en el instrumento más importante que nos franquea la democracia: el voto. No existe ningún otro camino cívico-legal que permita a los individuos expresarse legítimamente por una continuidad o un cambio. Atentar contra esa libre determinación es atentar contra la democracia.
La situación de aguda crisis como la que padecimos el pasado 9 de febrero, en la que se deterioró el orden público, político, económico y social, requiere de medidas inmediatas extremas y urgentes para su pronto restablecimiento, así como instrumentos institucionales bajo reglas especiales, que recuperen sin odios ni apasionamientos, la tranquilidad y la confianza.
Con apego a la Constitución, y frente a la situación de zozobra e incertidumbre que vive el país, deben establecerse los mecanismos de diálogo y negociación para canalizar la acción del Estado que permita recobrar la institucionalidad.
No son pocos ni simples los dolorosos momentos de perturbación y violencia que ha vivido el país a lo largo de su historia; la violencia y el odio se empeñan en no desaparecer, la intolerancia se fortalece, la carencia de oportunidades se incrementa y la vida pierde cada día su valor. Entre los individuos como entre las instituciones la confrontación debe ser en el plano de las ideas, y la moneda de cambio el diálogo. Es menester reconstruir el puente vital de comunicación por donde se oriente el verdadero objetivo de la política cual es servir.
Diseñar y utilizar las herramientas que desarmen el accionar de los salvadoreños al margen de la ley, los abusos de poder, eliminar las diferencias, reconstruir el tejido social, legar seguros espacios de convivencia, crear oportunidades en todos los sectores del desarrollo, preservar el orden e imponer justicia, es tarea impostergable.
Estamos obligados a buscar por la vía legal, procesos transparentes y justos que privilegien la concordia, los valores democráticos y la unidad nacional. No existen ni pueden haber atajos para mejorar nuestra democracia. Todo por la Constitución, nada por encima de ella.
La paz exige la participación democrática de todos, el compromiso de la sociedad y la concertación de políticas y estrategias coordinadas Estado-Sociedad para lograr sus fines. No destruyamos lo que con mucha sangre y sacrificio hemos intentado dejar atrás para bien de las futuras generaciones.
Hagamos patria y cuidemos nuestra democracia.