El diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, asegura que la ley para uso de tratamientos médicos es de caracter retroactivo. /Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia.


El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara Guadrón, aseguró que la Asamblea Legislativa aprobó una ley de caracter retroactivo para proteger a las farmacéuticas de posibles demandas tras la aplicación de más de un millón de vacunas anticovid en El Salvador, que siguen en una "fase experimental".

Durante la Entrevista AM, del estatal Noticiero El Salvador, Guevara Guadrón explicó los alcances de la "Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de Salud Pública ocasionadas por la pandemia covid-19", aprobada el 5 de mayo por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista.

El representante de la bancada cyan afirmó que esta normativa permitirá agilizar el proceso de compra y distribución de la vacuna anticovid, debido a que es un medicamento que sigue pasando por cambios y, con cada nuevo componente, requiere un nuevo proceso para ingresar al país.
Las casas farmacéuticas también, y hay que decirlo claramente, están en una fase en la que están aprobadas (las vacunas), pero fue una fase experimental, hay muchos datos que no tenemos (...) Introducir un medicamento al país lleva un proceso, y si le cambian un componente, ya no es el mismo medicamento que se compró, pero sigue siendo la misma vacuna". Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas.

La agilidad para introducir y aplicar el medicamento, sin embargo, lleva a los desarrolladores a "protegerse" de futuras demandas, aseguró Guevara.

La normativa, bautizada como "Ley Alabí" por la minoría opositora, recibió duras críticas por parte defensores de derechos humanos y organizaciones anticorrupción, debido a que crea inmunidad para farmacéuticas y funcionarios, tanto en procesos penales como responsabilidad civil.

Sin embargo, Guevara justificó esta inmunidad y dijo que "se está aprobando en todo el mundo" porque "todas las casas farmacéuticas están pidiendo eso".

A la fecha, El Salvador tiene contratos con las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y Sinovac, de China.

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En su polémico artículo 4, esta ley crea "inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas" para proveedores de salud, médicos, farmacéuticos, organizaciones hospitalarias, fabricantes y quienes autoricen la compra de los insumos y servicios anticovid, como el Ministerio de Salud. El artículo 5, en tanto, blinda a toda la cadena de distribución, desde la creación hasta la administración del medicamento.

Además, según el artículo 8, permite a todo el sistema integrado de salud pública la contratación directa de productos y servicios relacionados a la pandemia, dejándolos excluidos de aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

¿Una ley retroactiva?


El jefe de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa confirmó que Nuevas Ideas presentó una iniciativa para crear una ley "retroactiva", y así proteger a las farmacéuticas proveedoras de más de 1 millón de vacunas que habían sido colocadas en El Salvador previo a la aprobación de la normativa, el 5 de mayo.
Aquí van más de 1 millón de vacunas y gracias a Dios no ha habido ningún muerto (...) ¿Por qué lo hicimos retroactivo? Porque ya se habían aplicado cuando aprobamos esa ley un millón de vacunas, ahorita van como 1 millón 100 mil". Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas.

En su artículo 2, la ley declara la normativa como una "materia de orden público" y una "situación excepcional de salud pública".

Sin embargo, la ley no incluye el caracter retroactivo de forma explícita, tal como lo exige la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según explicó el abogado Enrique Anaya a Diario El Mundo.

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Además, las declaraciones de Guevara contradicen el planteamiento del presidente Nayib Bukele, quien dijo que la ley no era retroactiva, como aseguraban los medios de comunicación. Esto, después que Diario El Mundo publicara su consulta a un abogado sobre la declaratoria de orden público que incluye dicha ley en su artículo 2.


Anaya explicó a este rotativo que la jurisprudencia de la Sala Constitucional siempre ha dicho que el efecto retroactivo de la ley debe estar "declarada expresamente en la ley" y que el simple hecho de detallar que es de "orden público" no implica retroactividad automática.

Consignar que la ley es de orden público (lo que además debe ser avalado por la Sala de lo Constitucional) no significa que automáticamente sea de efecto retroactivo". Salvador Enrique Anaya, abogado.