La responsabilidad administrativa es una multa impuesta a los funcionarios que no cumplen sus funciones legales y su pago es un porcentaje de su salario. Por otra parte, la responsabilidad patrimonial es el perjuicio económico que el funcionario o exfuncionario causó a la institución o Estado según la conclusión de la CCR.
La investigación determinó que el 45 % de sentencias que determinaron alguna responsabilidad administrativa han tenido un pago parcial, 5 % han tenido un pago total y la mitad de las sentencias no reportan algún pago.
También, el 34 % de sentencias de responsabilidad patrimonial tienen un pago parcial, un 4 % tienen un pago total y 62 % no tienen pago.
De un monto de responsabilidad patrimonial de $1,231,791.27, la FGR recuperó $23,208.86, un equivalente del 1.8 % del monto total, en el mismo periodo.
También, de un total de $294,419.06 de responsabilidades administrativas establecidas, la FGR ha recuperado $77,093.21, un equivalente del 26.1 %, en el mismo periodo.
Sin embargo, el 50 % de sentencias analizadas del 2015-2018 correspondía a años anteriores a este periodo. “El hecho de que estas sentencias hayan sido ejecutoriadas entre 2015 y 2018 no significa que se haya emitido en ese tiempo, porque hay recursos de apelación, de revisión que hace el proceso más tardado…, eso dificulta que se haga un cobro rápido, porque se dilata en el tiempo”, observó el vicepresidente de la asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), Diego Jacobo.
El informe muestra que la cantidad de sentencias que la FGR informa como ejecutoriada no es igual a los datos que reporta la CCR, pues durante la investigación la FGR no reportó las sentencias ejecutoriadas de la séptima Cámara de Segunda Instancia en ese periodo y el informe de labores de la CCR muestra 99 sentencias de esa instancia.