La Corte de Cuentas de la República debe fiscalizar al Estado. / DEM
Los montos observados o de condenas contenidos en las auditorías, juicios de cuentas y procesos en segunda instancia han disminuido en diferentes proporciones durante el 2020, año de la pandemia.
De 2019 a 2020, el monto de los hallazgos observados en auditorías o exámenes bajó a la mitad, de $89.9 millones a $42.4 millones. También, las condenas emitidas por las cámaras de primera instancia disminuyeron de $14.4 millones a $6.1 millones. También, el monto total de las condenas emitidas por la Cámara de Segunda Instancia se redujo de $15.7 millones a $509,611.
Los montos condenatorios u observados en diferentes instancias de la Corte de Cuentas pueden ser responsabilidades administrativas o patrimoniales que han tenido los funcionarios públicos.
Cada año, las diferentes instancias de la institución contralora audita diferentes instituciones públicas, incluidas las municipalidades.
Durante el último año, las cámaras de primera instancia reportaron que funcionarios públicos pagaron $665,528 por las responsabilidades patrimoniales o administrativas de las que fueron señalados.
Condenas y absoluciones.
Durante 2020, las cámaras de primera instancia confirmaron responsabilidades por un total de $6,176,857.82. Las mismas cámaras de primera instancia también absolvieron casos por un monto de $6,988,152.57.
Son siete cámaras que administraron 622 expedientes, pero emitieron 155 sentencias. El mayor monto condenatorio fue reportado por la cámara cuarta de primera instancia, con $2 millones, y la tercera, con $1.4 millones.
Por otra parte, la Cámara de Segunda Instancia emitió un total de condenas que sumaron $509,611 durante 2020. Esta Cámara estudió 1,512 recursos, 1,301 de apelación y 211 de revisión. Del monto total de condenas, $483,517.94, corresponde a recursos de apelación y $26,093.73 a recursos de revisión.
“No es una tarea fácil. El que está involucrado siempre busca maneras de cómo tratar de evadir o atacar a aquel que está haciendo una labor para combatir dicho fenómeno”. Roberto Anzora, presidente de la Corte de Cuentas
Buscan fortalecer.
La Corte de Cuentas de la República cerró ayer un proceso de capacitación a 30 personas sobre auditoría forense.
El seminario estuvo dirigido a directores, subdirectores de las siete direcciones de auditoría, jefes de equipos, asesores, técnicos, auditores y colaboradores jurídicos.
Contó con el acompañamiento de Walter Perkel, del Programa Internacional de Desarrollo, Asistencia y Formación Judicial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y el fiscal general, Raúl Melara.
El presidente de la CCR, Roberto Anzora, aseguró que la función de los auditores “no es en sí misma investigativa” y tampoco implica que anden “presumiendo que hay delito”. “Nuestra labor también es preventiva y colaborativa de cara al fortalecimiento de la administración pública”, dijo. Aseguró que “no es una tarea fácil” porque los involucrados en corrupción buscan evadir o atacar a quienes trabajan. “No lo hacemos solos”, dijo.
El dato
La Corte de Cuentas reportó la recuperación de casi $700,000 que cancelaron funcionarios públicos durante juicios de primera instancia por ilegalidades o mal uso de fondos.