Más de 250,000 salvadoreños están amparados en el TPS. /Archivo DEM.
La ex embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, reveló este lunes que grupos de congresistas en Estados Unidos están discutiendo medidas más severas en contra del Gobierno salvadoreño por sus ataques al Órgano Judicial, como una posible suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), el bloqueo de préstamos y el envío de remesas hacia El Salvador.
Durante una entrevista en Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña, la diplomática de origen puertorriqueño ─cercana a los círculos demócratas y republicanos del congreso estadounidense─, advirtió que la administración del presidente Joe Biden está "claramente en desacuerdo" con los hechos ocurridos el 1 de mayo en El Salvador.
La nueva Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el fiscal general, Raúl Melara; e inmediatamente impuso a funcionarios afines al Ejecutivo. Según Aponte, Estados Unidos rechazó esta decisión de la Asamblea porque no se hizo con el proceso establecido en la Constitución de la República.
El gobierno de los Estados Unidos claramente está en desacuerdo. Lo que Estados Unidos está buscando es estabilidad política y la adherencia a la Constitución en todas sus manifestaciones. No es que la Constitución deje que los magistrados de la Corte salgan y se puedan reponer, hay que observar los debidos procesos". Mari Carmen Aponte, ex embajadora de EEUU.
Como respuesta a estas acciones, dijo Aponte, "pueden venir una serie de repercusiones que no van a ser placenteras ni para Estados Unidos ni para El Salvador", como la suspensión del TPS, que ampara a más de 250,000 salvadoreños viviendo en Estados Unidos y enfrenta una batalla legal en la Corte Suprema estadounidense.
Esto es un rumor que he oido en los úlimos días: la suspensión del TPS. No creo que la administración Biden quiera eso, pero se está hablando eso. También las remesas, obstaculizar de alguna forma su envío". Mari Carmen Aponte, exembajadora de EEUU.
Las remesas familiares conforman uno de los pilares más fuertes de la economía salvadoreña. Solo durante 2020, y a pesar de las bajas históricas de la pandemia, las remesas dejaron más de $5,918.6 millones; y hasta $1,705.0 millones entre enero y marzo de 2021, su máximo histórico en el mismo período.
Asfixiar a El Salvador a través de las remesas "sería un golpe profundo para las personas en el exterior que necesitan enviar dinero a sus familias", dijo Aponte. "Sería una tragedia", agregó.
Además de esta medida, según la exembajadora, el congreso podría condicionar a organismos multilaterales que apoyen a El Salvador; e incluso imponer más restricciones migratorias para los salvadoreños que intenten ingresar a los Estados Unidos.
También he oído de condicionamientos en organismos multilaterales cuando El Salvador vayaa a refinanciar (deuda) o pedir préstamos (...) También las restricciones migratorias a los nuevos números de salvadoreños que quieran entrar". Mari Carmen Aponte, exembajadora de EEUU.
En cuanto a los préstamos internacionales, advirtió, Estados Unidos no sería el único en tomar acciones: "ha sido tan generalizado el llamado, que otros podrían sumarse", advirtió.
Todo esto se puede evitar, pero es bien serio y sí se está hablando en el congreso, más que en la administración Biden". Mari Carmen Aponte, exembajadora de EEUU.
En el congreso de los Estados Unidos, recalcó, se han pronunciado senadores y legisladores claves para la cooperación a El Salvador, como Marco Rubio, Robert Meléndez y Patrick Leahy, quienes han hecho llamados para respetar la separación de poderes y la restitución de los magistrados de la Sala.
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Meléndez y Leahy ya solicitaron la revocación de visas para diputados y policías salvadoreños involucrados en el golpe; e incluso llaman a condicionar el apoyo económico a El Salvador.
El gobierno estadounidense también ha sido categórico. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo hoy en un foro internacional que su país "debe responder" ante las acciones de la Asamblea Legislativa.
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