Ivette Cardona, abogada consultora.


Ivette Cardona fue colaboradora jurídica de la Sala de lo Constitucional, coordinadora de amparos y fue presidenta del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor cuando Armando Flores la presidió en la gestión del expresidente Mauricio Funes.

 

¿Pueden revertirse las sentencias de la Sala de lo Constitucional?

El juez está atado a los precedentes por un tema de seguridad ambigua, pero esos precedentes no son inamovibles. Eso no quiere decir que no se puedan revisar en un momento determinado, si así lo amerita un caso, si así lo argumenta. Es complicado muchas veces revertir una sentencia porque tiene que haber suficiente motivación.

 

¿Cuál es su opinión sobre las sentencias más polémicas en la Sala de lo Constitucional como la inhabilitación de diputados suplentes y las candidaturas independientes?

Se han cumplido y eso es algo importante para el país, pese a que no han sido muy recibidas por la clase política, eso ha dado lugar justamente a las candidaturas independientes que estamos viendo en este momento político que ya se acercan las elecciones. El tema del voto cruzado, la Sala ha dado la posibilidad al elector de elegir más posibilidades, pero no quisiera pronunciarme de fondo.

 



 

¿Podrían modificarse las cláusulas pétreas de Constitución?

Las cláusulas pétreas son límites intangibles que pone la propia Constitución, el propio poder constituyente que lo ostenta el pueblo soberano.

 

¿Cuál es su opinión sobre la reserva a casos de probidad?

Si lo que se lleva a cabo es un procedimiento de investigación, son casos que no están abiertos al público para resguardar ciertos datos relevantes para esa investigación, otra cosa es que los casos estén exonerados, se pueden hacer versiones públicas. Depende mucho de reservas cuando entró en vigencia la ley de acceso a la información.



¿Su propuesta para la depuración del sistema judicial?

Que se realicen los respectivos procedimientos, pero siempre bajo el cuidado del debido proceso para no infringir ningún derecho fundamental al juez que está siendo cuestionado por denuncia o comportamiento indebido.