Ese borrador, según una fuente judicial, sugería que la Corte Plena concluyera “razonablemente en la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito” del diputado y que ordenara el juicio civil contra él.
Sin embargo, un mes después, la Sección de Probidad entregó un nuevo proyecto de resolución según la cual Guillermo Gallegos ha justificado todos sus gastos.
Un magistrado de la CSJ confirmó a Diario El Mundo el giro de la Sección de Probidad. Pidiendo la reserva de su nombre, explicó el razonamiento del informe de Probidad, diciendo que todo se justifica si los ingresos y los gastos son iguales.
“Lo que pasa es que usted si le aplica la disponibilidad, usted gana $500,000 y aparece que usted gastó $500,000, pero usted no tiene facturas, pero usted se va a los ingresos, si usted tiene $500,000 de ingresos, es una especie de justificación vía disponibilidad”, expresó uno de los magistrados actuales. El funcionario reveló que “ese documento lo repartieron”, pero que él nunca lo ha mostrado a nadie. “Es prohibido”, expresó.
Ovidio Bonilla, otro de los magistrados actuales de la CSJ, aseguró el 28 de agosto que no ha visto ese proyecto de exoneración. “El primero no lo he leído todo porque realmente es voluminoso. Realmente ignoro el caso de exoneración, no lo he visto, pero me llama la atención, no sé qué pasará, si eso fuera cierto, habría que leer bien los proyectos”, dijo.
El Mundo le preguntó si no es extraño que Probidad emita dos proyectos. “El segundo desconozco si es cierto. Si existiera, es extraño, habría que hacer una investigación amplia”, respondió.
En el proyecto conocido en junio por los magistrados, Probidad dijo que un total de $240,036 de depósitos bancarios aún estaban sin justificar, de un total de $1,149,001 que la Sección de Probidad cuestionaba inicialmente al diputado.
El proyecto de junio también cuestionaba el origen del dinero para compra de vehículos por $62,500 y de inmuebles por $10,000; y $156,860 de deudas en total de $457,627 cuestionados en un inicio. Todas estas cantidades, estarían justificadas “por la vía de la disponibilidad” en el proyecto de resolución conocido un mes después por los magistrados.
