El crédito fue suscrito en 2015 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) durante la presidencia de Lorena Peña y no ha sido ejecutado; la Asamblea ha tenido que pagar aproximadamente $100,000 anuales para mantenerlo vigente.
“Definitivamente no es nuestra prioridad, nos estamos acomodando, porque nuestra prioridad no es tener una oficina bonita sino que venir a trabajar”, expresó.