¿Disminuirá la escasez de agua en el Salvador después de aprobada la ley?
El gran problema de esta Ley de Recursos Hídricos es que no va a resolver la crítica situación de los bienes hídricos del país. El Salvador tiene una situación límite en materia medioambiental en general y una situación muy crítica en materia de bienes hídricos en particular. Somos el segundo país más deforestado de América Latina después de Haití, el tercer país en desigualdad en acceso al agua en América Latina, el único país de la región al borde del estrés hídrico. Empezando por el nombre: recurso hídrico, nosotros no le llamamos así porque hay una tendencia mundial, “recurso” es un término utilitarista, se usa en tanto cuanto sirve al ser humano, se mercantiliza y cosifica, los bienes de la naturaleza no debemos cosificarlos.
También, esta ley da concesiones para explotar el agua en grandes cantidades por 15 años renovables, es una cantidad exorbitante de agua para las empresas, constructoras y urbanizadoras, la industria; a la larga es privatizar el uso del agua. Tampoco disminuye la iniquidad o la desigualdad en el acceso al agua porque facilita el acceso para las grandes compañías y no para la familia salvadoreña.
El Salvador tiene una situación límite en materia medioambiental en general y una situación muy crítica en materia de bienes hídricos en particular. Somos el segundo país más deforestado de América Latina”.
¿Pagarán las juntas de agua por el agua proveída? ¿Cuánto pagarán?
Si bien es cierto que en esta ley se reconoce la existencia de las juntas de agua, no se elimina la posibilidad de que estas sean sujetas al pago de cánones, es decir, a pagar por usar el agua. Las juntas de agua son un fenómeno bastante extendido en El Salvador, se estima que hay alrededor de 2,500 juntas de agua y dan servicio de agua a cerca de un cuarto de la población salvadoreña. En realidad han llenado un vacío que el Estado ha dejado, donde el estado no llega porque no es rentable. En lugar de incentivar y reconocerles ese trabajo, ahora hay posibilidad de que se le cobren cánones. Es una ley que profundiza la desigualdad en el acceso y no prioriza el derecho humano aunque lo reconozca.
¿Qué institución decidirá qué valor económico tendrá cada variable de la fórmula para determinar el canon por el agua?
Lo que sí dice la ley es que quien va a determinar y autorizar es la Autoridad Salvadoreña del Agua, que está compuesta básicamente por entes público estatales. Esto es algo positivo que demandaba el movimiento social, pero que no está especificado realmente. Nos enfrentamos en este momento a una tónica de este Gobierno, que es un Gobierno bonito en discurso, en el que se reconoce el agua potable como un derecho humano y un bien público, habla de no privatizar el agua, pero en la práctica, la ley puede propiciar todo lo contrario, la privatización, el cobrarle a las juntas de agua, el no priorizar en la práctica el uso doméstico sino el de las grandes corporaciones, que contradice el discurso que dan.
Nos enfrentamos a una tónica de este Gobierno, que es un Gobierno bonito en discurso, en el que se reconoce el agua potable como un derecho humano y un bien público, habla de no privatizar pero puede propiciar todo lo contrario”.
Esto pasa en todos los niveles y es una constante en esta administración; hay una estrategia de apariencia y no de realidad. Se habla en contra del nepotismo haciendo más nepotismo, se habla en contra de la corrupción, cuando hay graves señalamientos de corrupción; se habla de transparencia y se oculta toda la información sobre recursos públicos. En el tema de la ley del recurso hídrico no es la excepción. Se habla de derecho humano al agua, de bien público, de no privatizar, pero la ley abre las puertas a que esto pueda suceder.
El perfil
Omar Serrano, vicerrector de la UCA
Estudios: licenciatura en Filosofía y egresado de maestría en Teología de la UCA, Máster en Ética para la Construcción Social por la Universidad de Deusto, España.
Trayectoria: director del centro social Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC; coordinador centroamericano de las Escuelas de Formación Política y Ciudadana de la Compañía de Jesús.