El 8 de febrero, la misma directiva revirtió la acreditación de la Unidad de Abogados por la Justicia y la Democracia (Unajud) para poder proponer candidatos a magistrados.
La Fedaes realiza la preselección de aspirantes a magistrados que serán sometidos a votación el 10 de marzo próximo por la comunidad de abogados del país. El proceso culmina con la elección de cinco magistrados y sus respectivos suplentes que la próxima legislatura debe hacer antes del 16 de julio de 2018.
El aval a las candidaturas de Zelada y Rivas fue aprobado, el 14 de febrero, por cinco asociaciones: Asociación de Abogados de El Salvador (AAES), Asociación de Abogados de Occidente (SAO), Asociación de Abogados de Oriente (AAO), Asociación de Abogados de Ahuachapán (Aboga) y Círculo de Abogados Salvadoreños (CAS). El resto no asistió. Tampoco lo hizo la Asociación de Abogados de Nueva San Salvador (SANSS), cuyo representante es el secretario general de la Fedaes.
Los mismos votan diferente
El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) criticó que las asociaciones SAO y CAS están votando diferente en la directiva y su Comité Electoral de la Fedaes. Mientras en el comité habían votado por rechazar las candidaturas, en la directiva revocan la decisión.
También, la AAES, presidida por Nelson García, había dicho que no iba a participar, observó el CEJ. “Es una pena que asociaciones de abogados se hayan prestado a convertirse en trincheras político partidarias”, escribió el CEJ en Twitter. La directiva de la Fedaes también eliminó una disposición del reglamento que ella misma aprobó y que exigía dos años de fundación a las asociaciones no federadas para proponer candidatos, lo que permitió el aval a Unajud.
Rivas y Zelada son funcionarios cuyos nombramientos fueron declarados inconstitucionales por no probar su independencia partidaria, en sus respectivos cargos, como magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y miembro del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Ambos aparecieron en videos públicos cuando pedían el voto por el FMLN en la campaña presidencial de 2014.
El nombramiento de Zelada fue declarado inconstitucional el 28 de abril de 2015 porque “la Asamblea no estableció ni documentó los mecanismos para determinar y acreditar la independencia político partidaria”; y Rivas Sánchez fue suspendido como medida cautelar el 24 de febrero de 2017, en un proceso en el cual los demandantes señalan que la Asamblea no constató ausencia de nexo partidario.
