La subcomisión de diputados se reunió ayer durante 14 minutos para firmar un documento que entregarán hoy a la Comisión Política. / Cortesía Asamblea
La subcomisión designada para crear una legislación de reconciliación concluyó ayer su trabajo con la finalización de un proyecto de ley que será presentado hoy a las 10 de la mañana en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.
Los diputados no descartaron la posibilidad que después de recibir el documento, la Comisión pueda aprobar un dictamen favorable sobre la ley y posteriormente pueda ser presentada en la sesión plenaria por la tarde.
El documento es una articulación y un ordenamiento de los insumos contenidos en el informe final de la comisión ad hoc que analizaba las implicaciones del fallo de la Sala de lo Constitucional sobre la Ley de Amnistía General de 1993.
Hasta el momento, el documento, que ha sido formulado en privado por los diputados y su equipo técnico, no ha sido publicado oficialmente.
En la reunión del pasado 17 de mayo, se conoció parte del artículo 11, que trataba sobre “beneficios penales” para los imputados que “deberán reconocer el grado de participación que tuvieran sobre los hechos” y, a sugerencia de Damián Alegría, se introdujo un inciso para “la suspensión o sustitución de la pena si cumplen las condiciones previstas”.
El martes, los integrantes de la subcomisión recibieron a organizaciones de derechos humanos, víctimas y familiares del conflicto armado, quienes presentaron un proyecto de ley para que fuese tomado en cuenta en la discusión.
Los diputados alegan no haber recibido el proyecto ni haberlo leído, aunque sostienen que se asemejan en más del 60 %. En la reunión de ayer, el presidente de la subcomisión, Roberto Angulo, anunció el final del trabajo de la subcomisión al firmar el documento.
El diputado Damián Alegría, del FMLN, fue el único que solicitó la palabra para expresar que se estaba “arribando” a una solución.
Mientras, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió este miércoles que este anteproyecto “contiene una serie de disposiciones que podrían traducirse en una amnistía de facto”, ya que benefician “de forma indebida a los responsables materiales como a los autores intelectuales y altos mandos que durante el conflicto armado ordenaron o no adoptaron medidas para prevenir o reprimir crímenes”.
También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado de El Salvador no aprobar una ley que impida la justicia o fomente la impunidad. Hoy por la mañana, un grupo de unas 15 organizaciones entregarán una carta abierta al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.
