“El proyecto de presupuesto 2018 no cumple con la ley”, se titula el documento del Departamento de Estudios Económicos (DEC) de Fusades, que reconoce se ha corregido “hasta cierto punto” la sobreestimación de ingresos, pero aclara que no cumple la Ley de Responsabilidad Fiscal ni eliminación del “exceso de gasto” que ordena la Sala de lo Constitucional.
Primero, Fusades plantea distintos escenarios de recorte de gastos en donde la Sala de lo Constitucional ordenó austeridad –seguros, publicidad, vehículos, viajes, gastos de representación– que logran un ahorro entre $57 millones y $158 millones en 2018.
A ello, ve posible ahorros en remuneraciones entre $79 millones y $144 millones.
Además, sugiere la reducción del subsidio del transporte en $20 millones, y de los gastos reservados, en $30 millones; además de $41 millones restados a la asignación presupuestaria para el fondo de pensiones del 2.5 % al 1.7 %.
Fusades concluye que pueden haber medidas de ahorro del gasto que reducen la necesidad de financiamiento adicional en el presupuesto de $227 millones, hasta un posible ahorro de $393 millones.
Aumento en remuneraciones
El presupuesto tiene un aumento de $79.2 millones en el gasto de remuneraciones respecto al presupuesto original de 2017, según el análisis de Fusades. Sostiene que el presupuesto 2018 crea 2,564 plazas nuevas respecto al presupuesto votado 2017, pero si se toma en cuenta que en 2017 se suprimieron 1,425 plazas se crearon 3,996 nuevas contrataciones.
También detecta la creación de dos nuevas plazas en la CEL con salarios de $5,350 y otra de $5,150, además de aumento salarial en Hacienda, Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).
“Aprobar el presupuesto 2018 con el financiamiento extra que se está solicitando agravaría el problema fiscal a corto plazo del Gobierno, por lo que se necesita reducir el gasto corriente superfluo, y así reducir el endeudamiento requerido para financiarlo”, reza el análisis.
También plantea que es posible ahorrar $108 millones si se elimina el gasto por vehículos, seguro médico y de vida, salvo el Ministerio de Justicia y Academia Nacional de Seguridad Pública.