Los exfuncionarios fueron presentados pocas horas después de su detención por la Policía Nacional Civil.


La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), recordó este viernes que el derecho al debido proceso es una garantía constitucional indispensable, refiriéndose a las detenciones el jueves de cinco exfuncionarios de la gestión presidencial de Mauricio Funes (2009-2014), bajo supuestas acusaciones de lavado de dinero.

Fusades expresó que la Fiscalía General la República y el Poder Judicial no deben servir a objetivos políticos, por lo que los procesos deben iniciar cuando existan los indicios suficientes del cometimiento de delitos.

Reiteró que la Constitución de la República y tratados internacionales sobre derechos humanos reconocen que toda persona se presume inocente mientras no sea vencida en juicio, por lo que debe respetarse su dignidad e integridad física y psicológica.

Subrayó que los tribunales de justicia deben asegurar a los acusados un proceso imparcial en el que se les procure por la oportunidad real de defenderse.
Es indispensable que los jueces puedan actuar libremente, sin presiones ni interferencias indebidas”. concluyó el organismo.

FESPAD: Una persecución penal sin límites


Las Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), por su parte, ha calificado los hechos del jueves como propios “de las décadas 70-80 del siglo pasado, época durante la cual el respeto de los derechos civiles era mucho menos que una aspiración".

Fespad exhortó a respetar la presunción de inocencia de los acusados hasta que finalice el proceso judicial. “El respeto de los principios que protegen al inocente, debe estar por sobre la aplicación del derecho penal a cualquier imputado, dado que solo al final del proceso, con la sentencia definitiva firme, el inocente se puede convertir eventualmente en culpable”, resumió.

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La organización valoró que la detención de los exfuncionarios el jueves por orden de la Fiscalía fue “con claros signos de arbitrariedad y abuso de poder”.

Omitir los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a la dignidad puede llevar a la aplicación de justicia selectiva que niegue la igualdad de los ciudadanos ante la ley, señaló Fespad.

El 22 de julio, la ex viceministra de Educación Erlinda Handal, la ex viceministra de Salud Violeta Menjívar, el ex ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, el ex viceministro de Agricultura Hugo Flores, y el ex viceministro de Trabajo Calixto Mejía, fueron arrestados por presunto lavado de dinero.

Así mismo, se ordenó la captura del ex vicepresidente Salvador Sánchez Cerén, el ex ministro de Obras Públicas Gerson Martínez, la ex viceministra de Medio Ambiente Lina Pohl, y Guillermo López Suarez, expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

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