El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) inició, el 13 de julio de 2018, un procedimiento sancionatorio, contra el jefe de la Sección de Probidad, Carlos Rafael Pineda Melara, porque no proporcionó información de auditorías patrimoniales de funcionarios o exfuncionarios.

El IAIP ordenó la entrega de los análisis o dictámenes de Probidad sobre las declaraciones patrimoniales de cuatro expresidentes del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) –Enrique Molins, Jorge Hernández Issusi, Jaime Rodríguez y Jorge Pérez–, el exalcalde Nayib Bukele, el exmagistrado Belarmino Jaime, la exdiputada Ana Vilma de Escobar, el exvicepresidente Carlos Quintanilla, el exse­cretario Luis Mario Rodríguez, el exmagistrado José Domingo Méndez, el expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Nicola Angelucci, y exmiembros del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) periodo 2010 a 2015, presidido por Tito Zelada.

El IAIP le ordenó elaborar un plan para establecer plazos en los que practicaría las auditorías patrimoniales de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) periodo 2009-2014, de los diputados propietarios periodo 2012-2015, gabinete de gobierno 2009-2014, diputados propie­tarios y suplentes periodo 2009 a 2012, y diputados del Parlamento Centroamericano periodo 2011-2016.

Pineda, quien dirigió las auditorías patrimoniales a expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes, es cuestionado porque, siendo jefe de Probidad aspira a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, coincidiendo su aspiración con la disminución de investigaciones finalizadas por Probidad.