Se refieren a cuatro instituciones: la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Cuentas de la República (CCR).
Funde recomienda ampliar los periodos de funcionarios electos, como fiscal general y magistrados de la CCR, y dar más presupuesto a la FGR.
En los procesos por corrupción y enriquecimiento ilícito, Funde señala que algunos procesados por corrupción han sido beneficiados ante “falencias” en las investigaciones de la FGR. Menciona que investigaciones contra el expresidente Mauricio Funes “continúan sin que al momento la FGR haga una acusación penal formal”, pese a “revelaciones que su campaña electoral fue financiada con fondos de la empresa Odebrecht y de haberse beneficiado con contratos exclusivos de publicidad a la empresa Polistepeque”, creada por el asesor de campaña del exmandatario, y a una condena civil.
También señala déficit en el trabajo de la FGR en casos contra altos funcionarios ligados a la tregua entre pandillas, tráfico de drogas y operaciones de lavado de dinero en la compra y venta de terrenos, construcción de la presa El Chaparral e investigaciones a Miguel Menéndez y sus vínculos con el expresidente Funes.
La organización reclama que la CCR aún no tiene un rol protagónico. Según el director ejecutivo de Funde, esta institución ha servido para ser cómplice de funcionarios o para chantajes.
En el trabajo de Probidad, Funde manifiesta que le “preocupa mucho” que en el año Probidad haya avanzado “de manera tan lenta”, ya que se anuncia que las investigaciones están finalizadas, pero la CSJ en pleno no resuelve.
Marcado retroceso en información pública
Un “marcado retroceso” es señalado en acceso a la información pública por los retrasos de hasta seis meses en la tramitación de casos en el IAIP, ya que mientras recibió 241 apelaciones solo programó 29 audiencias.
Funde tilda de obstáculo y retroceso la decisión de la CSJ en pleno de reservar durante siete años las auditorías a funcionarios exonerados.
No deja de mencionar los límites a la información pública mencionados por la Sala de lo Constitucional en un proceso de amparo, porque tienden “a ampliar el ámbito de discrecionalidad para negar información a la ciudadanía”.
Por ello, Funde recomienda al IAIP a dar una respuesta más ágil y oportuna al reclamo del derecho al acceso de información pública. También llama a la CSJ “a no ser obstáculos” en la aplicación de este derecho.