Sigüenza se unió a otros 20 representantes de juntas de agua del departamento de Ahuachapán en la búsqueda que Bukele escuche las afectaciones que sufrirían las comunidades del área rural si el proyecto de ley de recursos hídricos permite el cobro de canon por uso del aprovechamiento del agua.
“En la ley del agua que estudian los diputados nos están viendo como empresa privada. La mayoría de personas que abastecemos como juntas de agua son de escasos recursos, si nos ponen un precio, esto es un ejemplo, nos cobran $5.00 por metro cúbico de agua, las personas de la comunidad de nosotros no pueden pagar ese precio”, aseveró el representante de la junta de agua del cantón Palo Verde. Según Sigüenza, la junta de agua San Antonio abastece del servicio a las comunidades Palo Verde, Comunidad Tigre 5 y lotificación La Esperanza. En total brindan el vital líquido a unas 500 familias del cantón Palo Verde y cobran $3.00 mensuales.
Los habitantes del cantón Palo Verde tendrían que caminar más de un kilómetro para conseguir el agua para sus familias. En todo el territorio nacional, existen 2,326 juntas administradoras de agua inscritas en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda). Las juntas de agua abastecen a aproximadamente 1.5 millones de salvadoreños.