¿Cuál es la situación del derecho de acceso a la información pública en El Salvador?
Una situación crítica, una situación bastante delicada, hemos identificado que existe una resistencia constante del órgano Ejecutivo para entregar información pública que la ciudadanía y la sociedad civil organizada ha estado solicitando. Le voy a poner un par de ejemplos, la ciudadanía quería saber la información sobre la adquisición de vacunas y el Ministro de Salud reservó esa información. La ciudadanía también ha querido conocer la información sobre el plan nacional de vacunas y esa información también el ministro de Salud la reservó, hemos querido saber de gastos de publicidad y esa información está reservada, el ministro de Agricultura decidió reservar la información relacionada a la compra de paquetes alimenticios y de paquetes agrícolas, es decir, un patrón constante y repetitivo de la reserva de información, donde se restringe a la ciudadanía saber cuáles son las decisiones que se están tomando en materia de administración y de gestión de los recursos públicos. En resumen, plantea una situación crítica, caótica y que va de mal en peor.
El Instituto de Acceso a la Información Pública para recurrir a todas estas reservas. ¿Cómo ve usted el papel del Instituto en este problema?
Nosotros también vimos un papel de ausencia de independencia de parte del Instituto de Acceso de la Información Pública, la ley establece que el IAIP es el máximo garante de este derecho pero cuando vemos que tenemos comisionados como Roxana Soriano que fue candidata al partido Nuevas Ideas, a nivel interno, ya hay jurisprudencia constitucional que indica que esas son amenazas a la imparcialidad. Otro ejemplo es cómo los mismos comisionados deciden revocar el criterio que daba como información pública los anexos patrimoniales. Vemos una agenda de los comisionados y comisionadas muy plegada al Ejecutivo.
La gente va al Instituto a tratar de encontrar justicia respecto a la información que se les está negando y comisionados se ausentan sin justificación de las audiencias, de forma repetitiva, por ejemplo, el comisionado (Luis) Suárez. La comisionada Roxana Soriano no permite conocer cuál es el informe de rendimiento de las atribuciones respecto al cumplimiento de la LAIP. Pareciera que hay desinterés total en tratar de hacer que el Instituto sea el garante y, una última cosa, el ciudadano va al Instituto buscando justicia y lo que hace el Instituto es dilatar procesos.
“La Corte ha ordenado a países como Chile que debe entregar información a la ciudadanía, es lo que puede estar sometido ese Gobierno, a que le dé una orden para que la cumpla”.
¿Cómo cambió la correlación del Instituto de Acceso a la Información Publica en los últimos meses?
En 2020, todavía en el primer trimestre, hablamos de un Instituto que tenía la capacidad donde se hacía un rol que incomodaba a los entes obligados, incomodaba al Ejecutivo, también incomodaba a la Corte Suprema de Justicia. Pasado este primer trimestre y una vez ya en el segundo trimestre va asumiendo el presidente (Ricardo) Gómez, designado por el presidente de la República... comenzó a tener una agenda por el Ejecutivo, después esa configuración se profundiza de forma negativa cuando ingresan los comisionados Suárez, el comisionado Guerrero, quienes precisamente son los que junto con el comisionado Gómez deciden revertir que la información de las faenas patrimoniales sea información pública, esa es la información que permitió procesar a Mauricio Funes y Antonio Saca, ha sido importante la información que este pleno ha revertido, que ya no se conozca por la ciudadanía y después viene y se suma a Roxana Soriano, con una total falta de independencia. Lo que estamos viendo son plenos configurados por piezas afines al Ejecutivo. Lo digo por los ejemplos que le he dicho, revierten temas patrimoniales, no llegan a trabajar, omiten audiencias que pueden ser contrarias al Ejecutivo. Soriano evita que se dé a conocer el informe de rendimiento de cumplimiento de la LAIP, las pruebas ahí están.
Ustedes han establecido como Funde una demanda contra el nombramiento de comisionados ¿Cuál es el estado de estas demandas?
Un mes después que pedimos la medida cautelar donde se apartara a Roxana Soriano por su falta clara de independencia, pues era una persona que venía de Nuevas Ideas, hasta hoy, cuando la Sala (de lo Contencioso Administrativo) tiene tres días para contestar este tipo de medidas cautelares, la Sala ha guardado total silencio, sabemos que hay cuatro votos y de estos cuatro votos hay un voto disidente que por nunca terminar de argumentar. Este voto no permite que se emita resolución, es decir, se está dilatando precisamente que Roxana Soriano sea apartada del cargo de comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, es una injusticia, lo que se está poniendo aquí en riesgo es la garantía de que la ciudadanía reciba de forma adecuada justicia de parte de la IAIP.
Hemos introducido una demanda en contra del comisionado Suárez y su suplente Guerrero, una demanda donde también la Sala de lo Contencioso Administrativo ha tratado de dilatar, pidiendo información extra (de) la personalidad jurídica con que estamos actuando, está poniendo en tela de juicio si Funde como una organización de la sociedad civil que represente derechos plurales tiene o no el derecho de poder participar en estos procesos, cuando ya hemos participado. La demanda que incorporamos en contra del presidente del Banco Central de Reserva fue admitida y fue admitida también bajo la misma personalidad jurídica con la que está actuando Funde. Muy probablemente los magistrados están tratando de afectar el trabajo de contraloría social de parte de Funde. Son precisamente la magistrada Elsy Dueñas, también de parte del magistrado Calderón, estos magistrados, que han buscado plegarse por votar a los intereses del presidente Nayib Bukele. Nos preocupa mucho que los magistrados de lo Contencioso Administrativo carezcan de independencia y que, en lugar de estar respondiendo a las demandas de ciudadanos y a la Constitución, estén actuando en favor de otros intereses.
“Una situación crítica, una situación bastante delicada, hemos identificado que existe una resistencia constante del órgano Ejecutivo para entregar información pública”.
¿Por qué cree que el derecho a la información pública no es un tema popular?
La población cree que el derecho a la información pública solo les sirve a los periodistas, a los abogados, a los profesionales, y no. El derecho de acceso a la información pública le sirve a cualquier ciudadano y ciudadana; un ejemplo, si hay un bache frente a mi casa y yo quiero que ese bache se arregle porque me daña la suspensión de mi auto, me pregunto a quien le corresponde arreglar ese bache, al MOP, al Fovial o a la alcaldía; la Ley de Acceso a la Información Pública le permite elaborar una petición de información y poder preguntarle. La gente no ha logrado dimensionar que le sirve para muchas cosas que impactan en su calidad de vida, algo tan sencillo como saber si la alcaldía este año ha presupuestado algún proyecto de becas para mi comunidad. Por otro lado, ha perdido popularidad o está perdiendo popularidad porque el Ejecutivo ha tratado de deslegitimar este derecho y tratado de tirarlo por la borda porque es un derecho que incomoda, le incomoda a la Corte Suprema de Justicia, cuando queremos ver el tema de Probidad, le incomoda a la Asamblea Legislativa cuando querer ver el tema de las plazas fantasmas, también a las alcaldías, cuando tratamos de ver en qué se están gastando los recursos del Fodes o las tasas. Yo creo que hay una estrategia política del oficialismo que lo que está intentando hacer es decirle a la ciudadanía que no sirve el derecho de acceso la información pública, porque yo no estoy obligado rendir cuentas. Si los ciudadanos ya están cansados de los partidos tradicionales evite entonces que los nuevos partidos que van a estar en la Asamblea sean más de lo mismo de estos partidos tradicionales.
¿Cuáles son los efectos internacionales que puede tener el cierre del derecho al acceso de la información pública?
Creo que Funde El Salvador ha avanzado un poco en tratar de buscar instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder garantizar ese derecho, las opciones están, implica por ejemplo llegar a estas instancias que por las Convenciones que el Gobierno salvadoreño ha suscrito debe estar sujeto a cumplir, como aquellas posibles órdenes que puedan darse, por ejemplo, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte ha ordenado a países como Chile que debe entregar información pública a la ciudadanía, es lo que puede estar sometido ese Gobierno a que la Corte pueda entrar a conocer y le dé una orden para que la cumpla y la acate. Si no la acata, el Estado se ve mal desde la comunidad intencional porque se ve que no respeta los convenios que ha suscrito, que no respeta derechos humanos y que no tiene un interés precisamente en velar por que sus acuerdos sean cumplidos en materia de derechos humanos. Estados Unidos ha mostrado interés tajante que acá se respete la transparencia, la rendición de cuentas y la libertad de prensa y la expresión, cuando este Gobierno está precisamente violentando todo ese tipo de aspectos se ve mal frente la comunidad internacional.