La Comisión Especial Investigadora de Reos y Desaparecidos Políticos (1979), la Comisión de la Verdad (1993) y el Grupo Conjunto (1994) tuvieron como base un acto administrativo del órgano ejecutivo e intentaron investigar la impunidad con la que se cometieron tales hechos.
Además, se formaron otras comisiones como la “Comisión Monterrosa” encomendada por la Junta de Gobierno en 1980 para investigar el asesinato de cuatro religiosas norteamericanas; la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos para investigar el asesinato de San Óscar Arnulfo Romero; y la Comisión de Honor de la Fuerza Armada para determinar responsabilidades institucionales del asesinato de la comunidad jesuita y sus colaboradoras.
Hace nueve años, en septiembre de 2009 ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Mauricio Funes propuso una comisión contra la impunidad, justificó su pedido en la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas y la necesidad de seguridad. Dicha iniciativa se tradujo en la elaboración de propuestas desde la Cancillería y la Inspectoría General de la PNC para una “Comisión Internacional contra el Crimen Organizado y la Impunidad” (Cicosal), proyecto abortado meses después en medio de la indiferencia gubernamental y de una acelerada remilitarización de la seguridad pública.
- La “Comisión Especial Investigadora de Reos y Desaparecidos Políticos”
Luego del golpe del 15 de octubre de 1979, la Junta de Gobierno presentó al país una proclama en la que se reconoce la existencia de graves violaciones de derechos humanos y abusos de autoridad, por los extintos cuerpos de seguridad pública.
En la primera reunión del Consejo de Ministros, se acuerda crear una comisión especial que investigara los casos de personas desaparecidas, las “cárceles clandestinas” y la práctica sistemática de torturas e interrogatorios ilegales contra opositores del régimen militar depuesto. El acuerdo materializó el 30 de octubre. La Comisión Especial formada por los abogados Roberto Suarez Suay, Luis Alonso Posada y Roberto Lara Velado, realizó una exhaustiva investigación que abarcó registros documentales, visitas a cuarteles policiales y militares, así como entrevistas a familiares de desaparecidos, cuyos testimonios y otras pruebas en su poder, les llevó a la “conclusión racional”, como se lee en sus informes, de la muertes confirmadas de decenas de personas plenamente identificadas a quienes se creía únicamente detenidos o desaparecidos.
- La comisión de la verdad de 1993
Producto de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en enero de 1992, se acordó la creación de una Comisión de la Verdad, que con la asesoría técnica y el apoyo político de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Tendrá a su cargo la investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuyo impacto sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad”, según la declaración final de los “Acuerdos de México” suscritos el 27 de abril de 1991.
La Comisión de la Verdad quedó integrada por tres personas designados por el secretario general de la ONU aprobadas por las partes en conflicto. Su misión quedó reflejada en el informe publicado dos años después y que hasta hoy sigue dando provocando debates, los niveles de responsabilidad, así como por las recomendaciones que se incluyen.
La Comisión realizó este trabajo con base a un mandato de seis meses de duración, contando para ello con el auxilio de especialistas locales e internacionales, a la vez que recurrió a todo tipo de fuentes de información, movilizándose en ocasiones a diferentes puntos del territorio y accediendo incluso a archivos en el extranjero. Todo el acervo documental reunido, se guarda actualmente en la sede de la ONU en Nueva York, su retorno al país ha sido objeto de un proceso de acceso a información pública.
- El grupo conjunto de 1994
En el segundo semestre de 1993 hubo un resurgimiento de la violencia política debido a las acciones de grupos armados ilegales. Las causas fueron atribuidas al incipiente proceso de paz, a la existencia de exmiembros del ejército y la guerrilla en posesión de armas de guerra y más peligroso aún: al uso ilegítimo de aparatos de inteligencia que subsistían tras su desmovilización formal. Asesinatos selectivos de excomandantes del FMLN y de miembros de Arena, atentados contra representantes políticos de las partes en conflicto, provocaron que el secretario general de la ONU recomendara, con apoyo del Consejo de Seguridad, que el gobierno convocara un grupo que investigara estos hechos e implementara las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
Conocido como el “Grupo Conjunto para la investigación de grupos armados ilegales con motivación política” su mandato duró seis meses desde noviembre de 1993, y fue extendida hasta julio de 1994. Sus miembros fueron dos representantes del Gobierno: el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y un representante del secretario general de la ONU, responsabilidad que fue encomendada al jefe de la División de Derechos Humanos de la Misión en El Salvador de este organismo (Onusal).
El Grupo Conjunto funcionó gracias a la cooperación internacional y su informe final fue público; aunque ha sido declarado oficialmente “inexistente”, es posible acceder al mismo en línea y en bibliotecas universitarias, dadas la amplia difusión en su momento.