Roberto Angulo (PCN) preside la subcomisión. / Fátima Muñoz
La subcomisión para crear la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional discutió este viernes el documento de trabajo que entregó el equipo técnico, el cual contempla la suspensión de la pena de prisión en delitos ocurridos en el conflicto armado.
Uno de los artículos leídos establece que el juez podrá suspender de oficio las penas de prisión si los imputados son condenados a menos de 10 años de prisión: “La pena de prisión impuesta bajo los procesos penales tramitados a partir de la vigencia de la presente ley (...) será suspendida de oficio sobre consulta al juez si el imputado es condenado a penas de hasta 10 años de prisión”, reza el artículo 12.
Si los acusados enfrentan penas mayores a una década, su condena podría ser sustituida por trabajos de utilidad pública, de tres a 10 años.
“En caso de condenas mayores a diez años de prisión, dicha pena se sustituirá por la pena de prestación de trabajo de utilidad pública en jornadas de trabajo fijadas en la respectiva resolución cuyo límite mínimo será de tres años y el máximo de diez años de acuerdo a la gravedad del hecho cometido”, reza el artículo 12 propuesto.
Los diputados acordaron que todas las observaciones que realizaron ayer serán evaluadas por el equipo técnico que formulará una propuesta de ley que a su vez evaluarán el próximo lunes. También, el equipo técnico sugirió la incorporación de un artículo en el que se especifica que el arrepentimiento, las disculpas públicas y el pedido de perdón podrán ser considerados como atenuantes si las víctimas le otorgan su perdón expreso.
Como medidas de reparación, se menciona una pensión mensual para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos o los familiares de las víctimas.
Los diputados también acordaron que el lunes recibirán a las organizaciones que conforman la Mesa contra la Impunidad de El Salvador, para discutir la propuesta de ley de reconciliación de las organizaciones de derechos humanos.