La nueva Ley General de Recursos Hídricos no resuelve el problema del acceso al agua potable y deja “grandes vacíos” en la gestión del agua, advirtió la representante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, Amalia López.

La ley, aprobada ayer por la Asamblea Legislativa, habla sobre el derecho humano al agua y al saneamiento “pero de forma cosmética, y sin llegar al fondo”, indicó la ambientalista.

Entre las contradicciones dentro de la ley está la creación de los cánones o cobros que se impondrán por uso y explotación, tanto a empresas privadas como a consumidores pequeños y comunales, como a las juntas de agua.

López reprochó que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) quedará exenta del pago y no así las juntas de agua. Considera que los cobros serán discrecionales, porque se han dejado dejado criterio de los funcionarios. Prevé que esa “tablita de cobros” no será conocida.

La ambientalista también recriminó a los diputados de Nuevas Ideas de haber recibido a las organizaciones sin aceptar ninguna recomendación.

“Sí nos escucharon, pero decidieron ignorar lo que dijimos”, dijo.