David Morales, representante de Cristosal, señaló que esa normativa es una violación a los derechos humanos. “No nos callarán, trabajaremos aún en condiciones de persecución política y queremos que el presidente Bukele y los diputados sepan que no nos detendremos”, afirmó Morales.
Sonia Rubio, de Fundación para el Debido Proceso (DPLF), reclamó que el Gobierno busque no cobrar impuestos a la Bitcoin City, mientras “persiguen a las organizaciones de la sociedad civil” con el impuesto.