Tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa, es incompatible con las obligaciones que debe cumplir el Estado salvadoreño en el derecho internacional.
En una carta dirigida al presidente de la República, Nayib Bukele, los relatores especiales sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Voule; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan; y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, señalaron que el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros es contrario al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Dicho pacto establece la obligación de todos los órganos del Estado y sus instituciones de respetar y garantizar derechos a la libertad de asociación, opinión y expresión.
“El proyecto de Ley de Agentes Extranjeros dictaminado presenta problemas graves y fundamentales de compatibilidad con las obligaciones de El Salvador en virtud del derecho internacional.Cualquier medida de este tipo debe ser en sí misma compatible con el derecho internacional en general y con el derecho de los derechos humanos”, advierten.
A la Asamblea
Los relatores reiteraron al mandatario salvadoreño que “la promoción y el respeto de los derechos humanos no es un asunto interno, sino un objeto del interés público internacional” y advierten a la Asamblea Legislativa que “tiene la responsabilidad independiente de velar por la conformidad de las leyes aprobadas con el Pacto”.
El Estado de El Salvador ratificó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos el 30 de noviembre de 1979. Los tres representantes de la ONU pidieron al Estado abrir un espacio público para la discusión del anteproyecto de ley.
Al archivo
Luego de la carta de los relatores de la ONU, representantes de organizaciones de la sociedad civil reiteraron su llamado a dar marcha atrás de la aprobación del proyecto de Ley de Agentes Extranjeros.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, pidió al Estado atender las obligaciones internacionales el resto a los derechos humanos protegidos en estos instrumentos internacionales. “El llamado es a que desista de cualquier intento de acallar a las organizaciones de la sociedad civil y deseche ese proyecto de ley”, afirmó.
La ambientalista Amalia López, miembro de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, aseguró que el proyecto violaría el derecho a la libertad de asociación para propósitos lícitos.
Este proyecto para nada alimenta la democracia y no está en favor de las libertades de los ciudadanos y por esta razón es que obviamente se tiene que mandar esta ley al archivo”. Amalia López, Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
Mientras, Celia Medrano, defensora de derechos humanos, recomendó “aceptar el apoyo técnico ofrecido en función de contar con mayor conocimiento sobre sus obligaciones como Estado salvadoreño en materia de derechos humanos y cumplir con esas obligaciones. Esto permitiría construir iniciativas de ley respetuosas de la normativa internacional”.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ha prometido que aprobarán la ley solo cuando esté consensuada con la comunidad internacional y la “verdadera sociedad civil”.