El abogado Enrique Anaya reveló que la Corte Suprema de Justicia inició un proceso sancionatorio en su contra. Foto: Archivo


Más de una decena de organizaciones de la sociedad civil exigieron al Gobierno, la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la República respetar la libertad de expresión y se abstenga de intimidar al periodismo independiente y a la sociedad civil en general.

El pronunciamiento se emite después de que la Dirección General de Migración y Extranjería le ordenara al periodista mexicano Daniel Lizárraga, quien funge como editor general del periódico digital El Faro, crítico del oficialismo, abandonar el país en un plazo máximo de cinco días, bajo el argumento que no ha podido sustentar que sea periodista.

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De igual forma, el abogado constitucionalista Enrique Anaya denunció este miércoles que la Corte Suprema de Justicia ha iniciado un proceso sancionatorio en su contra por sus constantes críticas a las violaciones a la Constitución de la República.

En otro hecho ocurrido el miércoles, un subinspector policial golpeó a un periodista durante la cobertura de la recuperación del cadáver de un joven en Apopa, el subinspector acusó al comunicador de "estar en contra de la policía".

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Si, por un lado, la justicia deja de ser independiente, y la misma CSJ actúa para intimidar a quien critica los ataques contra la democracia, no hay esperanza de protección del resto de derechos de cualquier persona; si, por el otro lado, se acosa y se obstaculiza al periodismo, no solo se viola el derecho de los medios a comunicar, sino el de todas las personas a informarse libremente”. destacaron las organizaciones.

Las organizaciones llamaron a la comunidad internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a mantenerse al tanto de las coacciones a la libertad de expresión en El Salvador.

Así mismo, instaron a la unidad entre movimientos sociales y organizaciones civiles, ante los ataques en contra de quienes critican las actuaciones gubernamentales.