Organizaciones de la sociedad civil que integran el Consorcio por la Transparencia y lucha contra la Corrupción, señalaron que existe una reducción de espacios civicos y de diálogo con funcionarios de instituciones del Estado salvadoreño.
Este señalamiento surge del Diagnóstico sobre el Estado de la Transparencia y la lucha contra la Corrupción en El Salvador 2021, en que representantes de la sociedad civil se mostraron preocupados.
Al respecto, Xiomara Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Justicia y Transparencia (DTJ), indicó que para la consolidación de la democracia es necesaria la participación de los ciudadanos.
Los espacios civicos lo que permiten es trasladar cual es la necesidad real de la población hacia el Gobierno municipal o local para atender de mejor manera las necesidades de la población, ahora con el cierre de esos espacios el Gobierno local o municipal pueden crear política pública ajenas y alejadas de las necesidades reales de la población, estos espacios se están cerrando". Xenia Hernández, fundación DTJ.
Hernández señaló que el cierre de los espacios civicos se da por"la narrativa que quieren instalar (los funcionarios del Gobierno) sobre las organizaciones de la sociedad, ellos quieren manejar todas las políticas y como quieren gobernar y no buscan atender las necesidades reales de la población".
Por su parte, Ruth López, representante de fundación Cristosal, afirmó que en El Salvador existe la criminalización por exigir transparencia.
Se evidencia la criminalización particularmente a organizaciones y defensores porque exigen transparencia y rendición de cuentas porque hay resistencia del Gobierno a rendir cuentas, rendir información y dar cuentas a la ciudadanía de la gestión". Ruth López, representante de Cristosal.
Las organizaciones que integran el Consorcio por la Transparencia y lucha contra la Corrupción son Acción Ciudadana, Cristosal, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la Universidad Centroamericana José Simeone Cañas (UCA), Fundación Democracia Justicia y Transparencia (DTJ) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional El Salvador (IIDC).