Una reforma similar fue promovida por el FMLN y aprobada unánimemente en la legislatura 2012-2015. Ésta fue ratificada en un dictamen por diputados de FMLN y GANA en la legislatura 2015-2018.
Sin embargo, ayer, acompañados del candidato presidencial de ARENA, diputados como Martha Evelyn Batres, Carlos Reyes y Margarita Escobar, de ARENA; así como Mario Ponce y Raúl Beltrán, del PCN, entre otros, pidieron dicha reforma constitucional.
La propuesta de reforma al artículo 69 de la Constitución, firmada por ARENA, PCN y PDC, indica que “el Estado tendrá como prioridad proteger y preservar el derecho al agua como derecho humano y fundamental, debiendo regular el acceso, disposición y saneamiento a los habitantes” y señala que “el Estado creará las políticas públicas” para cumplir el derecho “de forma equitativa”.
Para René Portillo Cuadra, de ARENA, esta es una reafirmación de cuatro sentencias de la Sala de lo Constitucional que colocan al derecho humano al agua como un derecho constitucional. En la práctica, dice, garantiza que no se privatice, que el Estado debe tener políticas públicas en función de ese derecho y que éste será progresivo, hacia más población.
La Sala de lo Constitucional aclaró en una sentencia del 26 de enero de 2011 que el derecho constitucional al medio ambiente incluye los recursos naturales como agua, aire, suelo, subsuelo, fauna, flora, costas y fondos marítimos. En otra sentencia del 15 de diciembre de 2014, indica que ese derecho implica derecho al goce, a la preservación y la protección ante amenazas.
La Sala detalló que se deben implementar “políticas que faciliten progresivamente el acceso de la población a agua potable segura y a instalaciones de saneamiento”.
Ayer, el candidato presidencial reiteró que está contra la privatización del agua, diciendo que solo el Estado debe administrar el agua. “Hay preocupaciones, sí, pero aquí estamos dejando claro, no se va a privatizar el agua, ni hoy ni mañana ni nunca, el ente rector va a ser el Estado, siempre”, dijo Calleja. El empresario agregó que no porque el Estado haga una mala gestión debe ceder su responsabilidad.