La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Miriam Geraldine Aldana, instó a los diputados de la comisión de justicia y derechos humanos de la Asamblea Legislativa a no incluir ningún tipo de amnistía en la ley de justicia transicional, para garantizar acceso a la justicia a las víctimas.

Los diputados de la comisión de justicia y derechos humanos están realizando una consulta con especialistas para crear la ley de justicia transicional, una deuda histórica tras la aprobación de la Ley de Amnistía de 1992.

La procuradora general señaló que es necesario que se garantice a las víctimas de violaciones a derechos humanos acceso a un debido proceso judicial, el derecho a la verdad y reparación.
En esta legislación no pueden utilizarse amnistías amplias que vayan a evitar que haya una determinada, tanto objetiva como subjetiva, de responsabilidad; y que no se generen mecanismos para impedir la reparación integral a las víctimas porque, esto impediría el enjuiciamiento de las personas responsables de crímenes o delitos de lesa humanidad”. Miriam Geraldine Aldana, Procuradora General.

En una ley de justicia transicional, añadió, no puede haber amnistía por atentados contra la vida, la salud y la integridad física mental de personas, particularmente en el homicidio y los tratos crueles, tales como la prostitución forzada, la esclavitud, los castigos colectivos, la toma de rehenes y los actos de terrorismo.

El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General y abrió las puertas para procesar a quienes cometieron crímenes de guerra en el conflicto armado entre 1980 y 1992.

El 26 de febrero del 2020 fue aprobada la “Ley especial de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional” por diputados de la legislatura 2018-2021. Esta normativa jurídica fue vetada el 29 de febrero del 2020, por el presidente de la República, Nayib Bukele debido a que la consideraba como “una prescripción a crímenes de guerra”. La Organización de las Naciones Unidas también denominó ese documento como una “amnistía disfrazada”.