Así lo aseguró en una reunión con medios de comunicación la semana pasada. La normativa, cuyo estudio aún no inicia en la Asamblea Legislativa, pretende que todos los funcionarios públicos sean incluidos en una carrera administrativa basada en el mérito demostrado, la aptitud y la idoneidad de los funcionarios o los servidores públicos.
La ley plantea un sistema de gestión de talento humano, que incluirá subsistemas de clasificación de puestos, dotación y selección de personal, formación, capacitación y desarrollo profesional, y de evaluación de desempeño. También, prevén un subsistema retributivo que estimule el desempeño de los empleados.
Sin embargo, la nueva ley no implicará el despido de los actuales empleados públicos, ya que éstos automáticamente entrarían a formar parte de la carrera. El artículo 304 del proyecto en manos de la Asamblea Legislativa indica que el personal público a la entrada de vigencia de la nueva normativa “se entenderá que forma parte del régimen de servicio público, quedando protegido de pleno derecho por el estatuto establecido en la presente ley”.
Enríquez sostuvo que la decisión de aprobar esta ley es política, no técnica. “Esta ley no tiene un tinte partidario. La aspiración nuestra sería pongámonos de acuerdo en una nueva ley que nos obligue a todos a mejorar el servicio público y a mejorar el Estado”, expresó. Su proyección es que la normativa se apruebe de manera unánime después de la segunda vuelta electoral y antes del próximo gobierno.
La ley establecería nuevos derechos como a la protección ante el acoso laboral y sexual, a las horas extras, a la protección de datos personales, a las licencias, a la libertad sindical y a la protección contra la discriminación. También, define diferentes formas de vinculación laboral, como funcionarios de alto nivel, personal de carrera, personal temporal y personal de confianza.
No buscan despidos
Ernesto Zúniga, director de profesionalización de la función pública, explicó que se establecería un sistema de clasificación y se establecerían los requerimientos académicos de cada puesto. Ello llevaría a identificar una brecha entre el personal y el perfil de cada cargo.
“Esta ley lo que no se busca es quitar personas de la administración pública, son personas que han ingresado, han logrado su estabilidad laboral y tienen familia, es obligación del Estado generar las condiciones para poder reducir esa brecha”, afirmó.
La aplicación de la ley pretende ser gradual. La normativa podría exigir capacitar a un servidor cuyo perfil no corresponde a las exigencias de la plaza; sin embargo, pero, si esa plaza queda vacante, ya no puede ser cubierta por una persona que no cumple los requisitos.
El secretario de comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, aseguró que en la normativa “se respeta el derecho a los partidos de tener su personal de confianza” y detalló que la normativa plantea una capacitación obligatoriapara poder optar a ascensos o aumentos salariales.
Ley de Servicio Público
Mérito
El artículo 4 establece el principio de mérito demostrado, en la aptitud e idoneidad. Incluye un sistema de evaluación de desempeño para mejorar la calidad y obtener motivación.
Igualdad
La ley ordena la igualdad en las oportunidades de acceso al servicio público, no discriminación a personas con discapacidad y prohibición de exámenes de embarazo o VIH.
Transparencia
La ley impondría sanciones si se falta a la imparcialidad en las evaluaciones del personal bajo su cargo, o de prevalerse de la información para obtener un beneficio o ventaja sobre otros.
Nuevos derechos
Establece la aplicación de nuevos derechos, como la protección ante el acoso laboral y sexual, al pago de horas extras, a la protección de datos personales.