Organizaciones de derechos humanos y representantes de víctimas del conflicto armado presentaron este martes una propuesta de ley que permitirá que los crímenes de guerra sean castigados con prisión según la legislación actual.

El proyecto de “Ley especial de reparación integral y acceso a la justicia para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado”, cuya iniciativa fue presentada ayer por el diputado Juan José Martel (CD), detalla en su artículo 72 que las “graves violaciones a los derechos humanos... se juzgarán conforme a la Constitución de la República, la legislación ordinaria y... derecho internacional”.

La ley propuesta por las organizaciones permitiría una reducción de la pena bajo “criterio de oportunidad” o los juicios abreviados. Según el artículo 87, la pena podría reducirse a una quinta parte del mínimo previsto, si además pide perdón y ayuda a buscar el paradero de las víctimas, luego de haber confesado y sometido a un proceso abreviado o de criterio de oportunidad.

Pero la reducción no permite la sustitución de una condena de cárcel por trabajos de utilidad pública, como el documento de trabajo de la comisión ad hoc.

Luego de la presentación del proyecto de ley, Diario El Mundo preguntó a dos diputados si estaban de acuerdo en no permitir la exención de prisión en una nueva ley.

El diputado Julio Fabián, de Arena, opinó que debía valorarse cada caso y que “sí se les puede brindar sustitución de la pena en algún momento”.

El diputado Damián Alegría, del FMLN, no quiso responder. Se limitó a decir que eso se estaba evaluando dentro de la subcomisión.

El proyecto presentado ayer fue creado por la Mesa contra la Impunidad de El Salvador, el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión ProMemoria.

Minutos antes, las organizaciones explicaron el proyecto a los diputados, pidieron tomarlo en cuenta y participar en la elaboración de la ley. Los diputados aún no responden. Roberto Angulo, del PCN, presidente de la subcomisión dijo que era probable que lo estudiaran.

La propuesta exige al Estado, Ministerio de Defensa y Fuerza Armada, colaborar con registros para investigar y enjuiciar los delitos, un Registro Nacional de Víctimas y un Fondo de Reparación Integral para ayuda psicosocial y compensación económica.