El IAIP le dio a Probidad hasta el 21 de noviembre para entregar un plan de auditorías de 340 funcionarios públicos, entre diputados, magistrados del Tribunal Supremo Electoral y funcionarios del gabinete de Mauricio Funes.
En un memorándum, de fecha 17 de noviembre, Probidad dice que tiene 12,124 declaraciones patrimoniales que aún no ha sometido a la revisión de requisitos formales y materiales de ley.
El documento es firmado por el subjefe de la Sección de Probidad, Carlos Quiteño, y es dirigido a la oficinal de información del Órgano Judicial, ante una petición de información del ciudadano Herbert Cruz Vega.
Probidad señaló que su Área de Análisis está paralizada desde junio de 2015, ya que “los cuatro analistas de esa área fueron reasignados para apoyar labores de investigación”; y explicó que su labor no depende solo de la propia unidad, sino de instituciones privadas y públicas a las cuales se les pide información.
Una orden del IAIP del 9 de octubre de 2017 declaró sin lugar un recurso de revocatoria de la CSJ contra la resolución del IAIP del 25 de agosto y ordenó entregar un plan con plazos para practicar las auditorías de magistrados del TSE del periodo 2009-2014, de los diputados propietarios de la Asamblea Legislativa 2012-2015, del gabinete de gobierno del periodo presidencial 2009-2014, de los diputados propietarios y suplentes de la Asamblea Legislativa del periodo 2009-2012, y de los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) del periodo 2011-2016.
506 funcionarios
Pese a la saturación, Probidad informó que están realizando investigaciones patrimoniales a 506 funcionarios y se están depurando 494 procedimientos de imposición de multa contra diferentes servidores públicos.
La unidad ha entregado 22,566 declaraciones juradas de patrimonio desde que tienen carácter público.
