Organizaciones piden a los diputados aprobar una ley para evitar el clientelismo estatal. / DEM
Un “Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública” conformado por 15 organizaciones ciudadanas y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) pretende promover una normativa para regular la calidad de servicio en el Estado de El Salvador.
Este equipo, hecho público ayer, hizo un llamado a los diputados para agilizar la discusión y aprobación de una ley de función pública o de servicio civil que modernice las contrataciones en el Estado, con el fin de evitar ineficiencia, nepotismo y clientelismo.
Gens, una organización ciudadana, presentó el anteproyecto de ley en 2014, con el apoyo de Sigfredo Ochoa Pérez, de Democracia Salvadoreña (DS). “Existen prácticas que los mismos empleados están acostumbrados. Los jóvenes llegan a pedir un trabajo y les dicen: ‘Vamos a ver cuándo les podemos llamar’ y pasan cinco años”, dijo Alex Castillo, de Gens.
Marjorie de Trigueros, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), aseguró que no quieren dar el mensaje que esta ley es para remover funcionarios.
Dalila Arriaza, de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), aseguró que si no se percibe como amenaza el país podrá lograr una modernización del Estado.
Además de la UCA, Fusades, Gens y APES, el equipo impulsor es conformado también por Acción Ciudadana (AC), Centro de Estudios Jurídicos, Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Proyecto Cero, Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Cecade, Conexión, Espacio Ciudadano, Tracoda y la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.
El 21 de febrero, proyectan que los partidos se comprometan a la aprobación de esta ley en un documento.
Viola derechos: sindicalistas
En la conferencia de prensa, sindicalistas del Ministerio de Hacienda y de la Asamblea Legislativa, dijeron a los representantes que la ley que promueven viola los derechos de los trabajadores y amenaza la estabilidad laboral.
Los representantes respondieron que no están apoyando ningún proyecto específico y que esperan que participen en la discusión.